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José M. Tojeira
La irresponsabilidad a la hora de hacer cálculo de costos sobre las decisiones políticas en nuestro país es muy amplia. Afecta a los gobiernos anteriores, así como al actual, y afecta también a diversos sectores de la sociedad. Especialmente los que más tienen y derrochan o atesoran en exceso, suelen ser los más irresponsables. Viviendo en ámbitos de bienestar, carecen de sentido moral ante los costos que puedan tener algunas de sus decisiones en los sectores pobre o vulnerables. Las inversiones estatales en el bitcoin. o la facilidad con la que se endeuda tanto el país como su futuro a través de préstamos internacionales, son muestras ya habituales de esta irresponsabilidad. Pero hoy quisiéramos reflexionar brevemente sobre algunas noticias recientes que pueden pasar casi como normales y que entrañan un alto grado de irresponsabilidad.
El primer caso es el aumento salarial en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG). Que el presidente de esta institución comience el año ganando 6.000 dólares mensuales no solo constituye una grave falta de ética, sino que es muestra de irresponsabilidad profesional. Los salarios gubernamentales, si pretenden regirse por la moralidad notoria que la Constitución exige a los altos funcionarios, debe siempre tener un techo relativo al salario mínimo del país. Y ciertamente sería irresponsable para funcionarios, que en su propia esencia son “servidores públicos”, cobrar más de diez salarios mínimos. Si en el caso del TEG nos ciñéramos a esa cantidad y pusiéramos como base el salario mínimo más alto de la ciudad, ningún magistrado debería ganar más de 3.600 dólares. Cobrar 6.000 y 5.000, como lo harán el resto de los magistrados, es un abuso.
Lo que debería escandalizar a cualquier ciudadano democráticamente bien formado, se acepta con relativa tranquilidad en los márgenes oficiales del país. Y curiosamente, la medida la impulsan como un acto de justicia, o al menos eso deben pensar quienes dirigen el TEG, precisamente en la institución que debería dar un mayor ejemplo de racionalidad ética en el país. Los lisiados de guerra, los empleados municipales, los ancianos que reciben una pensión mínima compensatoria, se ven obligados en ocasiones hasta varios meses para recibir sus salarios o pensiones. Quienes desde una especie de delirio paranoico se creen con mayores derechos pueden recetarse salarios públicos de escándalo.
En otro campo muy distinto del anterior contemplamos la irresponsabilidad frente a costos no contabilizados que el gobierno debería tener en cuenta y reducir. En estos primeros días del año volvió a aparecer el alto número de muertes habidas en el tráfico. Desde gobiernos anteriores el porcentaje de muertes, la mayoría homicidios culposos, que se dan el en tráfico, alcanza una tasa aproximada de 20 muertes por cada cien mil habitantes. En otras palabras, que tenemos desde hace años una epidemia de muertes sin que los gobiernos, anteriores y actual, responsables de regular y vigilar el tráfico, hagan nada práctico y concreto por reducir esta especie de desastre humanitario.
Los peatones, especialmente los ancianos, y los que manejan motocicletas constituyen el número más elevado de víctimas mortales. En otras palabras, las víctimas las constituyen los más pobres y los más débiles, en un tráfico donde el abuso, la prepotencia y el incumplimiento de normas es frecuente y casi tradicional.
El gasto público y los costos de la pérdida de recursos humanos a nivel de país que produce tanta muerte y accidentes en las carreteras nunca se formula con claridad.
Como tampoco se hace el cálculo de los costos económicos para las víctimas y para el país de las detenciones arbitrarias, tan frecuentes en estos tiempos de régimen permanente de excepción, aunque se vaya aprobando a pedacitos.
El descuido de las responsabilidades gubernamentales, además de ocasionar muertes en algunas ocasiones, como en el tráfico, genera siempre costos económicos. La irresponsabilidad frente a esos costos no hace más que señalar la debilidad democrática de nuestros gobiernos. Debilidad que aumenta y se vuelve más patente cuando incluso se nos ocultan los estudios actuariales que supuestamente justificarían la reforma del exiguo sistema de pensiones, también más favorable a los que tienen más que a los que tienen menos.
Calcular y conocer costos nos ayuda siempre a corregir proyectos, a valorarlos y a establecer códigos de moralidad y ética en el funcionamiento de los gobiernos.
La falta de cálculo de costos en proyectos o en responsabilidades gubernamentales, la oscuridad informativa y las reservas de información, cuando se convierten en costumbre, no hacen más que dañar la democracia y mantener a nuestros países en el subdesarrollo.
