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Esta administración ha tenido ya 3 años, no para resolver todo el problema pero sí para comenzar a solucionarlo y eso no ha pasado, la seguridad ha sido mal manejada, el control territorial ni siquiera comenzó y ahora la población debe pagar ese mal manejo.
Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Diputados de la Asamblea Legislativa han reaccionado luego del primer día del régimen de excepción implementado por el Gobierno para hacer efectivo un supuesto combate a las pandillas. Sin embargo, opositores afirman que esta medida se presta para el abuso de poder, pues desde ya, ha habido acciones que las prohíbe la Constitución como restringir libertad de circulación.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, comentó que diversos salvadoreños vivirán este régimen de excepción de forma distinta, ya que en las colonias populosas se podrían generar incluso abuso de poder. “Para la gente que anda a pie, será como andar caminando en un campo minado porque situaciones tan cotidianas como andar en bus, caminar por la colonia o ser joven pueden implicar un riesgo de ser víctima de abuso de poder”.
Agregó que el régimen de excepción podría estar justificado por la gravedad de la situación ante el alza de homicidios de los últimos días, pero esta situación “no ha salido de la nada, esta administración ha tenido ya 3 años, quizás no para resolver todo el problema pero sí para comenzar a solucionarlo y eso no ha pasado, la seguridad ha sido mal manejada, el control territorial ni siquiera comenzó y ahora la población debe pagar ese mal manejo con la inseguridad jurídica que implica tener restringida su garantías constitucionales que le protege”, destacó.
Ortiz recordó cuando durante la cuarentena se vivió también un régimen de excepción donde “están documentados los abusos a la población civil”. Por tal, este Gobierno “no merece la confianza de entregarle nuestras garantías constitucionales porque ha demostrado que esta herramienta la ocupan de forma irresponsable”.
Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) hizo mención de las medidas implementadas en algunas colonias, como en la comunidad San José El Pino, Santa Tecla, donde han montado un cerco militar e inspeccionar a todo el que entra y sale. Los cierres focalizados no están contemplados en el régimen de excepción avalado por la Asamblea Legislativa, por ende, se le puede estar vulnerando derechos a la población.
«La libertad de circulación no está restringida en el decreto de estado de excepción, por eso los cierres focalizados pueden estar vulnerando derechos», comentó Belloso. Pues, en la comunidad San José El Pino habitantes han denunciado que agentes de seguridad le violentan su derecho de salir de su propia colonia.
“Es inconstitucional porque el derecho a la movilización y al libre tránsito está dado desde la Constitución y si es un derecho que no ha sido restringido a tráves del decreto, no tiene porqué estar estableciendo ese tipo de medidas”, agegró Belloso.
La diputada Dina Argueta comentó que el estado de excepción es la última instancia, “es una especie de reconocimiento de parte del Gobierno que sus planes no están funcionando». Ambas parlamentarias enfatizaron que sus cuestionamientos sobre el tema de la seguridad no son recientes, pues siempre ha habido dicho problema y la gente se queja de los elevados niveles de violencia, el cual el Plan Control Territorial no lo resuelve a pesar de tener más de dos años de haberse implementado.
Anabel Belloso y Dina Argueta argumentaron su abstención de aprobar el régimen de excepción, ya que “contiene mucha generalidad, mucha ambigüedad, que se puede prestar a abusos». Argueta sostuvo que su abstención al decreto de estado de excepción “no significa que estemos en contra de que se combata la violencia. Se ha querido vender que esta medida es la solución al problema de los homicidios».
Por su parte, diputados oficialistas echaron la culpa sobre la inseguridad a los gobiernos anteriores, tal y como fue el discurso de William Soriano, de Nuevas Ideas: «Hemos heredado un país con problemas de seguridad, pero lo estamos resolviendo, hemos tenido importantes avances en el tema», destacó.
«El régimen de Excepción para afrontar las graves perturbaciones al orden público, es necesario. Las fuerzas del orden están desplegadas por todo el país para proteger al pueblo de estos grupos que quieren desestabilizar la paz”, remarcó Soriano.
