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Por David Alfaro
El dictador de República de Bananas, siempre generoso en prometer el paraíso, ha vuelto a anunciar un nuevo milagro económico: «la reserva de bitcoin del país ha alcanzado la cifra mágica de $725 millones». Una «ganancia no realizada» de $426 millones que, según el diario oficialista, marca un hito histórico.
Lo curioso es que mientras El Salvador supuestamente flota sobre una montaña de riqueza digital, los proveedores del Estado siguen esperando que les paguen, los ancianos pobres no reciben su pensión básica universal, y la Universidad de El Salvador continúa sin fondos suficientes para operar con dignidad, sólo para poner algunos ejemplos.
La aritmética del régimen es fascinante. Aunque el país goza (en teoría) de una reserva cripto que podría hacer palidecer a algunos bancos centrales africanos, el dictadorzuelo nos sigue endeudando como si no hubiera un mañana.
Desde que Bukele asumió el poder, la deuda pública ha pasado de $19,500 millones en 2019 a más de $33,500 millones en 2025. Es decir, casi la mitad de la deuda actual ha sido adquirida por el dictador más cool del mundo.
Más intrigante aún es la forma en que se financia esta operación de «crecimiento económico acelerado». Para mantener la ilusión, Bukele ha recurrido al uso sistemático de los fondos de pensiones de los trabajadores, una caja registradora sin fondo que le permite tapar huecos fiscales sin rendir cuentas. No se trata ya de una expropiación silenciosa, sino de un saqueo metódico disfrazado de venta de bonos.
Pero, volvamos al bitcoin, ese oro digital que según el oficialismo nos ha convertido en el país más visionario del siglo XXI. Es cierto que el valor del bitcoin ha subido. También es cierto que Bukele compró criptomonedas cuando valían menos.
Pero lo que no se dice es que esa «ganancia» no es más que un número flotando en el aire, imposible de convertir en salarios para los médicos, pupitres para los estudiantes o medicinas para los hospitales. Es como decir que uno es millonario porque su casa subió de valor… pero sin tener con qué pagar la hipoteca ni el agua, ni la electricidad.
Además, no existe ningún informe técnico, financiero o legal que confirme cuántos bitcoins posee realmente el Estado salvadoreño, ni cómo se administra esa supuesta «reserva nacional».
Lo que sí se sabe es que la primera compra de $200 millones en bitcoin se hizo con parte de un préstamo de $600 millones otorgado por el BCIE, que debía servir para reactivar a pequeños y medianos empresarios golpeados por la pandemia. En lugar de apoyar a quienes perdieron su negocio o empleo, el dinero fue desviado para especular en un mercado volátil.
Y como si eso no fuera suficiente, el BCIE presta con tasas de entre 9% y 13%, lo que significa que los intereses de la deuda ya están devorando buena parte de las supuestas ganancias del bitcoin.
Para rematar, la famosa cartera Bitcoin está a nombre del propio Bukele, no del Estado salvadoreño. Es decir, dinero público bajo control personal del dictador, sin fiscalización, sin transparencia, y sin ley que lo limite. Todo es tan claro como una piscina llena de tinta… y con las luces apagadas.
En resumen: tenemos millones que no podemos usar, deudas que sí debemos pagar, y un régimen que prefiere jugar en la bolsa de criptomonedas mientras abandona sus deberes más elementales. Pero no hay de qué preocuparse: mientras el Cool siga tuiteando que somos el «faro del mundo», todo estará bien. O al menos, eso dirá el próximo titular de Diario El Salvador…
