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Por David Alfaro
El env铆o de soldados a una comunidad como San Isidro, especialmente en un contexto de resistencia ambiental, se alinea con un patr贸n represivo: el uso de la fuerza para silenciar la oposici贸n y garantizar intereses econ贸micos o pol铆ticos, como la explotaci贸n minera. Este tipo de acciones reflejan un choque entre los derechos de las comunidades para proteger su medio ambiente y la l贸gica autoritaria de un gobierno inconstitucional que prioriza proyectos econ贸micos sobre la consulta y el respeto al tejido social.
Es importante recordar que la explotaci贸n minera en El Salvador fue prohibida en 2017 debido a los graves impactos ambientales y sociales que genera. Si ahora Bukele revirti贸 esa postura, es esencial preguntarse qui茅n se beneficia realmente. Adem谩s, la militarizaci贸n como estrategia de intimidaci贸n no solo vulnera los derechos humanos, sino que tambi茅n muestra un desprecio por los mecanismos democr谩ticos y el di谩logo ciudadano.
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