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La noche del lunes 12 de mayo, tras cuatro días de protestas pacíficas por parte de los habitantes de la comunidad y cooperativa El Bosque —ubicada en el cantón El Triunfo, del exmunicipio de Santa Tecla— el presidente Nayib Bukele optó por sofocar la manifestación con represión y capturas. Se inclinó, sin matices, por el garrote.
No obstante, apenas dos días después, el jueves 15, el mandatario publicó un nuevo hilo en su cuenta de X (antes Twitter) en el que cambió de tono: ofreció la zanahoria. Anunció que resolvería el problema de fondo que motivó las protestas, es decir, que evitaría el desalojo de las humildes viviendas de las familias cooperativistas. Para entonces, los manifestantes ya habían sido reprimidos.
Bukele pudo haber evitado la violencia, que lo expuso como un represor ante la comunidad internacional. Pero optó por el uso de la fuerza, pese a que los cooperativistas llevaban cinco días en un plantón pacífico en las cercanías de la residencial Los Sueños, donde reside el propio presidente. Desde el inicio, los manifestantes le imploraban que interviniera para detener un desalojo ordenado por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla, el cual afectaría a unas 300 familias.
Los cooperativistas tenían fundamentos para apelar directamente al presidente: ya habían agotado todos los recursos legales posibles. Y tenían razón: Bukele sí podía intervenir. Finalmente, el viernes 16 de mayo, el juzgado suspendió el desalojo.
Sin embargo, el presidente volvió a cometer un error de cálculo. Creyó que, tras una demostración de fuerza bruta, bastaba con ofrecer una solución para que todo quedara en el olvido. Como si la represión no hubiera sucedido.
En su afán por limpiar su imagen tras la intervención de la Policía Militar y la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) —la primera bajo control de la Fuerza Armada y del Batallón Presidencial, y la segunda de la Policía Nacional Civil—, Bukele ha intentado desviar la atención responsabilizando a terceros. Primero culpó a las organizaciones no gubernamentales, que han acompañado a la comunidad durante años. Luego, a los partidos ARENA y FMLN, a quienes acusó de haber estafado a la cooperativa. Pero los hechos no respaldan esa narrativa.
El presidente también señaló a exalcaldes de esos partidos por supuestas irregularidades en el manejo de la cooperativa. Sin embargo, con ello desvía la atención del verdadero detonante del conflicto: una demanda judicial interpuesta por Luis Palomo Urbina, exadministrador de la cooperativa, quien exige el pago de una supuesta deuda que pasó de $131,342 a $800,000. Fue esta demanda la que llevó al juzgado a ordenar el lanzamiento de las familias.
La historia de la Cooperativa El Bosque, fundada en 1985, es larga y compleja. Pero lo esencial en este momento es claro: los cooperativistas buscaban ser escuchados, no enfrentarse a gases lacrimógenos, garrotes y capturas. Hoy, producto de esta represión, hay cinco detenidos, entre ellos dos considerados presos políticos.
En lugar de escuchar, Bukele reprimió. En lugar de prevenir, reaccionó. Y ahora, aunque intente endosar la responsabilidad a otros, no podrá borrar que su primera respuesta ante un grupo de ciudadanos que pedía ayuda fue la violencia.
