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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Convocamos a las organizaciones sociales y a los ciudadanos a marchar contra los atropellos de este Gobierno que ha venido realizando todo este año”, manifestó, Fran Omar Rodríguez, representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP).
“Incorporemonos a esta marcha para denunciar el retroceso que hay en el país, en materia de derechos humanos y la criminalización de las personas defensoras”, agregó Rodríguez.
La convocatoria para la marcha está para el próximo domingo 12 de diciembre, iniciando con una concentración en el parque Cuscatlán, a las ocho de la mañana, y luego, caminar hasta la Plaza Cívica en el Centro Histórico de San Salvador. Las desapariciones de mujeres, que según datos de la Fiscalía General de la República, solo entre enero a abril del presente año, fueron 306 casos, que superan las cifras de 2020. Así como, las 438 personas reportadas bajo el estatus de desaparecidas que las autoridades aún no resuelven, son las consignas que acompañarán esta marcha el segundo domingo de diciembre.
Sonia Urrutia, representante sindical e integrante del BRP, al mencionar porqué marcharán el 12 de diciembre, afirmó que será para exteriorizar “un basta ya a este régimen dictatorial y corrupto” que consideró, no garantiza los derechos constitucionales de un Estado de Derecho.
“Convocamos a esta nueva marcha para denunciar la pérdida de libertades y derechos, la persecución políticas, la libertad de presos y presas políticas, contra la inminente privatización del agua y la nueva ley de expropiación de tierras”, acotó.
Los motivos para marchar “sobran”, reafirmó Urrutia, al mencionar que con la nueva Ley General de Recursos Hídricos, enviada por el presidente Nayib Bukele, a la Asamblea Legislativa, en su mayoría de su partido Nuevas Ideas, le permitiría sin ninguna traba lograr un dictamen favorable, desechando las propuestas que por 15 años han hecho diversas organizaciones sociales, ambientalistas y de derechos humanos sobre el reconocimiento del derecho humano al agua ante la mercantilización en la que podría terminar.
Asimismo, denunciaron el acoso a las oeneges que están amenazadas por parte de la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, por su trabajo en los territorios en la organización social y promoción de derechos humanos de la población.
Se pronunciaron también contra la Ley de Agentes Extranjeros, bajo el pretexto que pretende “evitar injerencia internacional”, a través de las organizaciones sociales y fundaciones , las que tildaron de “fachada”, y que las donaciones buscan expoliar el 40% del total que se done, lo que para las organizaciones es una persecución política.
En cuanto a las escuchas a periodistas, a medios de comunicación, diplomáticos y políticos opositores, el BRP consideró que era “palpable la persecución”, desde un régimen autoritario que trata de acallar las voces disonantes y denuncias a la violación de derechos humanos.
“Se ha denunciado el robo del FODES, que afecta a los municipios, queremos un alto al abuso de poder que viola la Constitución de la república. Y, exigimos el retorno de la democracia y la administración de justicia”, manifestó Urquilla.
“Queremos que la gente marche con nosotros contra la corrupción, contra el derroche de dinero en propaganda y la impunidad por el secuestro de la información pública que ha hecho este Gobierno, debe ser un Basta Ya”, reiteró Urquilla.
Sobre el desempleo, la violencia delincuencial, el alto costo de la Canasta Básica y la migración de miles de salvadoreños en busca de nuevas oportunidades en Estados Unidos, Urquilla explicó que esto forma parte de la realidad que ha generado el actual gobierno. “Están utilizando fondos del Estado, para administrar negocios sucios del plan empresarial de los Bukele”, reafirmó.
Samuel Ramírez señaló que la dinámica de las marchas continúa siendo una alternativa para la denuncia multitudinaria ante lo que consideró, una gestión “mentirosa” del actual gobierno que viene ofreciendo proyectos sin ninguna articulación de un plan que beneficie a las mayorías desposeídas del país.
Sobre el Bitcoin y la Ley de Expropiaciones, expresó, que con esta normativa el Gobierno del presidente Nayib Bukele podrá, a través de la Dirección de Obras Municipales (DOM), “apropiarse de terrenos” que considere de utilidad pública, pero algunos analistas políticos han considerado que genera más incertidumbre que seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.
“Ofrece unos megaproyectos virtuales, como Bitcoin City, es una estafa a todas luces, somos la burla a nivel internacional con lo que el presidente (Nayib Bukele) está ofreciendo. Entonces, creemos que debemos cerrar el año con algo bueno, con algo impactante por esto marcharemos el 12 de diciembre, invitamos a todos los sectores que expresan su descontento, porque es la única forma de manifestar”, manifestó.
“Aunque no tenemos claros el contexto de la ley, si sabemos que pueden expropiar todos los terrenos de propiedades privadas que van estar en la Bitcoin City, creemos que eso lo está preparando el Gobierno, para que no haya oposición de la población, porque a través de una ley (Exproiación), la gente no tendrá salida y deberá entregar su tierra al precio que el Gobierno decida, es un plan para este fin”, expresó Ramírez.
Asimismo, el BPR extendió felicitaciones a la candidata Xiomara Castro de Zelaya, que superó en 20 puntos porcentuales la intención de voto del pueblo hondureño, tras 12 años del gobierno de Juan Orlando Hernández, cuestionado nacional e internacionalmente por corrupción, violación de derechos humanos y nexos con el narcotráfico. “Queremos felicitar a Xiomara Castro de Zelaya, por el triunfo junto a su partido Libertad y Refundación Libre, que superó con creces al candidato de Juan Orlando Hernández. Un triunfo contundente que se transforma en una respuesta contra la dictadura y un mensaje que se puede superar cualquier abuso contra el pueblo y felicitamos al pueblo hondureño”, expresó Fran Rodríguez.
