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Saúl Méndez
Colaborador
Marisela Ramírez, integrante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), advirtió que el proyecto de presupuesto general del Estado para 2027 podría agravar los problemas socioeconómicos de El Salvador, debido a los recortes previstos en distintas instituciones y a la prioridad que se otorga al pago de la deuda pública.
Durante una entrevista del Frente Intercontinental, retomada por Diario Co Latino, Ramírez cuestionó la distribución de los recursos públicos y sostuvo que las asignaciones presupuestarias no responden a las necesidades de los sectores populares, que enfrentan dificultades económicas y un deterioro de sus condiciones de vida.
La representante del BRP indicó que el proyecto ya fue presentado a la Asamblea Legislativa y, aunque todavía no ha sido aprobado, criticó la forma en que se discuten y avalan los presupuestos estatales: sin un análisis técnico suficientemente profundo.
Ramírez consideró que el documento debe someterse a una revisión exhaustiva para determinar cómo la distribución de los recursos afectará las condiciones materiales de la población.
También sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a exigir que los impuestos recaudados por el Estado se destinen a beneficiar a las grandes mayorías.
BRP cuestiona el endeudamiento público
Ramírez afirmó que una parte importante de los recursos presupuestarios se destinará al pago de la deuda pública y cuestionó que el Gobierno continúe recurriendo a préstamos para financiar sus compromisos.
Según la representante del BRP, la propuesta presupuestaria requeriría aproximadamente $2,000 millones en nuevo financiamiento para cubrir la diferencia entre los recursos disponibles y las necesidades de gasto previstas.
Afirmó que esta situación incrementa la carga económica para la población salvadoreña y lamentó que los ingresos provenientes de impuestos como el IVA y los gravámenes a los combustibles no sean suficientes para cubrir las necesidades presupuestarias.
Ante este panorama, insistió en la necesidad de revisar las prioridades del gasto público y evaluar las consecuencias del endeudamiento para la economía nacional.
Otro de los principales cuestionamientos de Ramírez en la entrevista se centró en las reducciones presupuestarias previstas para ocho ministerios. Entre los recortes que destacó figuran los siguientes: Obras Públicas, con $81 millones menos; Economía, $44 millones menos; Agricultura, $37 millones menos y Salud, con $36 millones menos.
La representante del BRP expresó preocupación por la reducción de recursos destinados a Agricultura, un sector que ha enfrentado dificultades durante los últimos años. También cuestionó el recorte previsto para Salud, ya que se trata de un área fundamental para el bienestar de la población.
Asimismo, alertó que los ministerios de Seguridad y Desarrollo Local tendrían reducciones menores, mientras que las asignaciones para Medio Ambiente y Vivienda permanecerían prácticamente congeladas.
“Estas decisiones limitarían la inversión pública en áreas vinculadas con la infraestructura, la actividad económica, la producción agropecuaria, los servicios de salud y el acceso a una vivienda digna”, afirmó.
La integrante del BRP explicó que los recortes presupuestarios contribuyen a las dificultades económicas que enfrenta la población salvadoreña. Entre los problemas que se agravan está el desempleo, el encarecimiento del costo de la vida, el abandono del sector agropecuario, el deterioro de los servicios de salud y las dificultades para acceder a una vivienda digna.
Ramírez afirmó que aproximadamente 130,000 personas habrían caído en pobreza extrema desde 2019 hasta la actualidad, una cifra que refleja el agravamiento de las condiciones socioeconómicas del país.
Asimismo, para Ramirez, la propuesta presupuestaria no atiende de manera suficiente las necesidades inmediatas de la población y podría profundizar la precariedad de los sectores más vulnerables.
Por otra parte, mientras se prevén reducciones en áreas relacionadas con el bienestar social, el Ministerio de Defensa contempla un incremento de $62 millones.
