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Por Erick Zelaya *
Hay conquistas que parecen tan antiguas que terminamos creyendo que siempre estuvieron allí. La jornada de ocho horas es una de ellas. Para millones de trabajadores, constituye una frontera entre el tiempo que entregan al patrón y el poco tiempo que les queda para vivir. No apareció por generosidad de los empresarios, ni fue un regalo de ningún gobierno. Se conquistó mediante décadas de organización, huelgas, persecución, despidos y sacrificios de generaciones enteras de obreros.
Hoy esa conquista está amenazada en El Salvador. Bajo el nombre atractivo de modernización del tiempo de trabajo, el gobierno de Nayib Bukele ha promovido una discusión que contempla sustituir la jornada ordinaria de ocho horas por modalidades de diez, once y hasta doce horas diarias. La fórmula que más publicidad ha recibido propone trabajar once horas durante cuatro días, a cambio de tres días de descanso, conservando las actuales cuarenta y cuatro horas semanales.
Parece una buena oferta. Tres días libres. ¿Quién no quisiera descansar más? El problema aparece cuando se observa la vida real de quienes trabajan. Una obrera de maquila que pasa once horas frente a una máquina, después de levantarse de madrugada para preparar los alimentos de sus hijos y viajar en un autobús abarrotado, no termina su jornada al salir de la fábrica. Todavía tiene que regresar a casa, cocinar, lavar, atender a su familia y descansar lo suficiente para presentarse nuevamente al trabajo.
Lo mismo ocurre con quienes trabajan en los centros de llamadas, el comercio, los servicios, la industria, el sector público y tantas otras actividades donde las exigencias de productividad ya consumen buena parte de la salud física y mental de los trabajadores.
No se trata simplemente de repartir las mismas horas de otra manera. Se trata de ampliar la cantidad de horas diarias durante las cuales el empleador puede disponer ordinariamente de la fuerza de trabajo, debilitando además la frontera que hoy separa la jornada normal del trabajo extraordinario.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, sostiene que se conservarían las cuarenta y cuatro horas semanales y que las nuevas modalidades podrían ser voluntarias. Pero quien conoce las relaciones laborales salvadoreñas sabe cuánto puede valer esa supuesta voluntariedad cuando el trabajador tiene miedo de perder su empleo, cuando no existe una organización sindical independiente que lo defienda o cuando el empresario decide unilateralmente las condiciones de contratación.
El pasado 13 de octubre se informó que la comisión técnica encargada de elaborar la propuesta concluía su trabajo y que el proyecto pasaría al Consejo Superior del Trabajo, antes de ser remitido al presidente de la República. También se ha señalado noviembre como posible momento para su presentación. La ampliación no está aprobada todavía, pero el proceso ha avanzado lo suficiente para exigir una respuesta organizada.
El rechazo existe, pero todavía no se ha convertido en una fuerza común
Sería equivocado afirmar que la clase trabajadora ha permanecido completamente en silencio. Durante las últimas semanas se han producido pronunciamientos, propuestas alternativas, advertencias jurídicas y críticas desde diferentes sectores.
La Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), La Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM) también expresó su oposición. Por su parte, la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, la Federación Unitaria Sindical (FUSS) se manifestó en el mismo sentido, al igual lo hizo La Federación de Asociaciónes y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES). Unos sectores defienden la conservación de las ocho horas como límite diario; otros plantean avanzar hacia treinta y cinco, treinta y seis o treinta horas semanales. Existen diferencias de estrategia, de organización y seguramente de interpretación sobre el momento político. ¿Y qué? Ninguna de esas diferencias impide coincidir en una exigencia inmediata: no ampliar la jornada ordinaria de ocho horas. Tampoco impide reclamar una reducción progresiva del tiempo de trabajo sin disminución de salarios.
Desde una perspectiva de independencia de clase, los sindicatos que han rechazado la reforma, deberían promover una convocatoria común. No para borrar sus identidades ni obligar a nadie a renunciar a sus posiciones, sino para enfrentar juntos una amenaza que alcanza a toda la clase trabajadora.
Hay un problema que debemos reconocer. El sindicalismo salvadoreño se encuentra dividido, debilitado por años de ataques, sometido en muchos casos a presiones políticas y empresariales, y atravesado por disputas que dificultan la construcción de respuestas colectivas. Pero una cosa es discutir nuestras diferencias y otra permitir que esas diferencias nos inmovilicen cuando está en peligro un derecho conquistado por generaciones anteriores. La unidad de acción no exige pensar igual. Exige reconocer que, frente a un ataque concreto, quienes coinciden en rechazarlo tienen la responsabilidad de actuar juntos.
La academia y las voces sociales tienen una responsabilidad
La oposición a las jornadas prolongadas no puede encerrarse en los locales sindicales. El debate afecta a toda la sociedad. Las universidades y los investigadores que estudian las condiciones laborales tienen mucho que aportar. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, por ejemplo, publicó el 6 de octubre un artículo titulado A propósito de la extensión de la jornada laboral. Es una muestra de que el tema también forma parte de la discusión académica y no solamente de las negociaciones entre empresarios y sindicatos.
Los especialistas en derecho constitucional y laboral, medicina del trabajo, economía, sociología y salud pública pueden contribuir a demostrar las consecuencias de prolongar la jornada. Porque detrás de una modificación aparentemente administrativa existen problemas de salud, productividad, salarios, desigualdad de género y organización familiar.
Los movimientos estudiantiles, las organizaciones feministas, las asociaciones comunitarias y las agrupaciones de derechos humanos también tienen razones para intervenir. La ampliación de la jornada afecta especialmente a las mujeres que, después del empleo remunerado, asumen buena parte del trabajo doméstico y de cuidados. En ese sentido se ha pronunciado la organización ORMUSA.
Afecta a los jóvenes que trabajan y estudian. A los padres y madres que apenas ven a sus hijos durante la semana. A quienes pasan varias horas diarias viajando desde las comunidades populares hasta sus centros de trabajo. No es solamente un problema de sindicatos. Es un problema social.
También los periodistas independientes, comunicadores digitales, creadores de contenido y voces críticas en las redes sociales pueden desempeñar un papel considerable. Sería útil que quienes han cuestionado la reforma, desde sus diferentes espacios, se encontraran en una campaña común. No se trata de convertirlos en portavoces sindicales, sino de aprovechar su capacidad para llegar a sectores de trabajadores que hoy no participan en ninguna organización.
La batalla por las ocho horas también se libra en el terreno de las ideas. Y allí el gobierno tiene una ventaja considerable: dispone de recursos públicos, una poderosa maquinaria comunicacional y una influencia que le permite presentar sus decisiones como avances, incluso cuando sus consecuencias pueden significar retrocesos para los trabajadores.
De los pronunciamientos a una campaña nacional e internacional
La multiplicación de pronunciamientos demuestra que existe una base para levantar una campaña común. Falta convertir ese rechazo en una fuerza organizada.
La primera tarea debería ser convocar un encuentro nacional en defensa de las ocho horas, abierto a sindicatos, colectivos laborales independientes, organizaciones sociales, estudiantiles, académicas y religiosas. Sin exclusiones por diferencias ideológicas. De allí debería surgir una plataforma mínima: impedir la ampliación de la jornada ordinaria, exigir transparencia sobre el proyecto, reclamar la suspensión de su tramitación mientras no exista una discusión pública auténtica y defender la reducción progresiva del tiempo de trabajo sin disminución salarial.
Si las empresas necesitan producir durante más horas, pueden organizar turnos y contratar personal adicional. La solución no debería consistir en prolongar la jornada de quienes ya trabajan.
La campaña debe llegar a los centros de trabajo, las comunidades, los mercados y las universidades. No puede limitarse a declaraciones de dirigentes. Necesita asambleas, materiales informativos, movilizaciones y espacios donde los trabajadores puedan discutir y decidir sus propias acciones.
También debe extenderse internacionalmente. La Federación Mundial de Sindicatos ya expresó su rechazo a las jornadas de once horas. La Confederación Sindical Internacional, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, lo ha hecho en el mismo sentido, las centrales sindicales de otros países y las organizaciones solidarias deberían ser convocadas a desarrollar acciones comunes.
Preparar la huelga para impedir o revertir el retroceso
Los comunicados, las investigaciones académicas y las campañas digitales pueden aumentar la presión pública. Pero no garantizan que el gobierno abandone una reforma respaldada por intereses empresariales. Frente a un poder político concentrado, la clase trabajadora necesita recuperar su capacidad de acción colectiva. Por eso, la preparación de una huelga amplia debe convertirse en el horizonte de la unidad contra la ampliación de la jornada laboral.
No se trata de proclamar una huelga general desde las redes sociales. Sería irresponsable. Se trata de construirla mediante asambleas, coordinación entre sindicatos, participación de trabajadores no sindicalizados y decisiones democráticas que permitan avanzar hacia movilizaciones, paros sectoriales y una huelga nacional cuando existan las condiciones para sostenerla.
La huelga no puede pertenecer a un partido ni a una dirigencia. Debe surgir de los propios trabajadores, con mecanismos de coordinación, solidaridad económica y protección frente a las represalias.
Sabemos que existen dificultades. El miedo al despido, la fragmentación sindical y el carácter autoritario del régimen no pueden ignorarse. Pero tampoco pueden convertirse en razones para aceptar pasivamente la pérdida de una conquista histórica. Si la reforma llega a aprobarse, la organización deberá continuar hasta conseguir su derogación. La lucha no termina cuando una mayoría legislativa levanta la mano. La jornada de ocho horas fue conquistada mediante la lucha obrera. Hoy, cuando la tecnología permite producir más con menos esfuerzo humano, resulta absurdo presentar como progreso que un trabajador permanezca once horas diarias a disposición de su empleador.
Las organizaciones sindicales, académicas, sociales y religiosas no necesitan compartir una misma ideología para actuar juntas. Tampoco los trabajadores deben coincidir en sus preferencias políticas para defender un derecho común. La unidad de acción, una amplia campaña nacional e internacional y la preparación de la huelga constituyen el camino para impedir ahora la ampliación de la jornada o revertirla si llega a imponerse.
Las ocho horas no pertenecen a ningún presidente, ministro o dirigente sindical. Son una conquista de generaciones de trabajadores que lucharon para arrancarle al capital una parte de su tiempo y de su vida. No podemos permitir que nos la arrebaten sin luchar.
*Luchador social, Sindicalista en El Exilio y Columnista
