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Omar Salinas
Ingeniero en Energía y Analista en Política Pública
Durante años, muchos gobiernos descubrieron que parte de la batalla política se había trasladado de las calles y los medios tradicionales a las redes sociales. Allí encontraron comunicación directa, velocidad y la posibilidad de instalar narrativas sin depender de los medios tradicionales.
Durante algún tiempo funcionó como una autopista despejada: el gobierno hablaba, sus estructuras amplificaban el mensaje y millones lo recibían. Dominar ese lenguaje proporcionaba una enorme ventaja política. Pero ese tiempo comienza a quedar atrás.
Las redes sociales siguen siendo poderosas y los gobiernos continúan invirtiendo enormes recursos en publicidad y marketing político. Pero algo cambió: perdieron el monopolio de la narrativa y, sobre todo, dejaron de tener vía libre.
El fenómeno puede observarse en gobiernos latinoamericanos, particularmente entre gobernantes aglutinados en la nueva derecha radical, cuya imagen ha sido sobredimensionada por estructuras de comunicación digital. Las redes permitieron presentarlos como personajes excepcionales y dominar la conversación pública. Durante algún tiempo, esa ventaja permitió imponer la agenda. Pero los demás aprendieron.
Ciudadanos, periodistas, opositores y creadores independientes utilizaron las mismas herramientas. La tecnología que construyó poder comunicacional puso capacidad de respuesta en manos de cualquiera con un teléfono. La autopista se congestionó.
Cada mensaje oficial encuentra ahora contradicción, sátira y contranarrativa. Una promesa puede reaparecer en segundos y un video ciudadano contradecir una costosa producción institucional. Los gobiernos no perdieron las redes; perdieron la exclusividad de saber utilizarlas políticamente.
No se trata únicamente de apoyar una postura, sino de construir un discurso donde la realidad se ajusta a la conveniencia. Los hechos se exageran, los errores se minimizan o justifican y cualquier acierto, por ordinario que sea, se magnifica hasta convertirlo en hazaña.
Existe incluso un escalón más extremo: fabricar acontecimientos que nunca ocurrieron. Aparecen contenidos donde gobernantes supuestamente desafían grandes potencias, resuelven crisis internacionales o reciben reconocimientos inexistentes. No necesariamente es propaganda gubernamental; también puede provenir de youtubers, tiktokers y otros creadores que amplifican esos relatos. El gobernante real comienza a convivir con un personaje imaginario, permanentemente victorioso. Cuando la distancia entre ambos crece demasiado, la fabricación del héroe puede producir incredulidad y hasta burla.
Pero toda construcción comunicacional encuentra un límite: la realidad cotidiana. Un gobierno puede presentar digitalmente un país extraordinario, pero el ciudadano contrasta esa imagen con los alimentos, el salario, el empleo, la escuela, el hospital o los servicios que recibe. La experiencia personal verifica el relato. Cuando narrativa y realidad se distancian, aparece una grieta que ninguna campaña puede cerrar.
Esa contradicción regresa a las propias redes. La gente fotografía, graba y comparte su experiencia. La narrativa oficial ya no compite solamente contra la oposición o los medios: compite contra miles de pequeñas evidencias producidas diariamente por la sociedad.
A ello se suma la saturación. Después de años de marketing político, las sociedades reconocen sus códigos: ataques coordinados, cuentas repetitivas y campañas destinadas a instalar temas. Lo que alguna vez parecía espontáneo comienza a percibirse como propaganda.
Estamos ante una inflación narrativa: se necesita más contenido, más recursos y más ruido para conseguir el impacto de antes. Más inversión ya no significa necesariamente más control. Esto tiene consecuencias para gobiernos construidos sobre el dominio digital. Pueden conservar millones de seguidores y estructuras comunicacionales, pero ventaja no significa monopolio. Perder el control del relato es más grave que perder una discusión en internet.
Las mismas redes utilizadas para construir una imagen pueden convertirse en el terreno donde comienza a desmoronarse. Y cuando los contrapesos institucionales se debilitan, la fiscalización y la denuncia buscan otros canales.
Guatemala dejó una demostración en 2015. El caso La Línea expuso hechos de corrupción, mientras ciudadanos utilizaron las redes para compartir información, contrastar versiones, organizarse y disputar una conversación que el poder ya no podía conducir unilateralmente. La contranarrativa llevó la indignación de las pantallas a las calles. Las redes no derribaron por sí solas a Otto Pérez Molina, pero la pérdida del control del relato coincidió con la pérdida acelerada de respaldo político. La crisis terminó con su renuncia.
Ahí aparece la paradoja: cuando el poder reduce los espacios tradicionales de contradicción, puede empujar a la ciudadanía hacia un territorio mucho más difícil de controlar. Las redes dejan entonces de ser solamente herramientas de propaganda para convertirse también en instrumentos de denuncia y contrapoder ciudadano.
Porque en política, perder la narrativa no es un simple bache digital ni una tendencia perdida. Es el principio de perder la calle, después la confianza y, finalmente, el poder.
