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Redacción Nacionales
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El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) respaldó la exigencia de más de 100 organizaciones nacionales e internacionales que demandan la liberación de Fidel Zavala y 20 líderes comunitarios de La Floresta, de San Juan Opico, La Libertad, detenidos en un proceso penal que presenta graves cuestionamientos sobre el respeto al debido proceso y las garantías judiciales.
Durante una conferencia de prensa, el BRP expresó su preocupación por la prolongación de la detención de los integrantes de la comunidad y por las nuevas prórrogas otorgadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar la investigación. Las organizaciones sostienen que estas medidas extienden la incertidumbre de las personas detenidas y de sus familias, mientras permanece pendiente la resolución del caso.
La exigencia forma parte de una carta enviada el 15 de octubre a distintas instituciones salvadoreñas, entre ellas la Fiscalía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Corte Suprema de Justicia y las autoridades judiciales responsables del proceso.
Un conflicto por el derecho a la vivienda
De acuerdo con la carta de las organizaciones, las personas detenidas participaban en acciones legales para impugnar el desalojo de más de 200 familias campesinas que habían habitado La Floresta durante más de una década.
La comunidad recibió acompañamiento de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEC), organización cuyo vocero, Fidel Antonio Zavala Pérez, también permanece detenido.
Las organizaciones consideran que las acciones emprendidas por los habitantes para defender sus viviendas y sus derechos fueron interpretadas por la Fiscalía como conductas delictivas. En el proceso se han señalado cargos como agrupaciones ilícitas, usurpación de inmuebles, amenazas agravadas y comercialización irregular de lotes, entre otras imputaciones.
El BRP sostiene que la incorporación del delito de agrupaciones ilícitas vincula el caso con las disposiciones penales aplicadas durante el régimen de excepción y abre la puerta a utilizar herramientas contra el crimen organizado en un conflicto relacionado con la organización comunitaria y la defensa del territorio.
Las organizaciones firmantes cuestionan esa interpretación y advierten que la persecución penal puede generar un precedente de criminalización contra comunidades que se organizan para defender sus derechos fundamentales.
Investigación prolongada hasta agosto de 2027
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la extensión del periodo de investigación. Según la carta, el 11 de septiembre de 2026 una jueza del Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado otorgó una nueva prórroga, a solicitud de la Fiscalía, que prolongaría la fase de instrucción hasta agosto de 2027.
Los denunciantes consideran que la decisión retrasa el proceso y mantiene a las personas bajo detención preventiva durante un periodo prolongado, sin que, según su valoración, se hayan presentado elementos suficientes para demostrar las acusaciones.
Durante la conferencia, representantes del BRP señalaron que las prórrogas afectan el derecho a la defensa, la seguridad jurídica y la igualdad procesal. También cuestionaron la aplicación de reformas penales relacionadas con el combate al crimen organizado a personas que, sostienen, se encontraban defendiendo derechos comunitarios.
El caso continúa en fase de instrucción, es decir, en la etapa de investigación previa a la resolución judicial correspondiente. Las organizaciones reclamaron que se esclarezcan las imputaciones y que se respeten las garantías legales de las personas procesadas.
Preocupación por la seguridad de Fidel Zavala
La situación de Fidel Zavala constituye otro de los puntos de la denuncia. Según la carta, el dirigente de UNIDEC fue una de las voces que denunciaron presuntos abusos, torturas, negligencia médica y hechos de corrupción dentro de centros penitenciarios salvadoreños.
El documento recuerda que Zavala estuvo en prisión preventiva en 2022 por una acusación de estafa y que posteriormente fue declarado inocente y liberado después de 13 meses de detención. También señala que, en julio de 2024, presentó por medio de UNIDEC una denuncia contra autoridades de la Dirección General de Centros Penales y responsables de los centros penitenciarios de La Esperanza, conocido como Mariona, y Santa Ana.
Las organizaciones afirman que Zavala hizo públicas sus denuncias mediante entrevistas y declaraciones a medios nacionales e internacionales. A su juicio, existe preocupación por la posibilidad de que sea trasladado a un centro penal donde podría correr peligro debido a los señalamientos que realizó anteriormente.
La carta menciona además un pronunciamiento atribuido a una relatora especial de Naciones Unidas sobre los riesgos para su integridad física y su vida. El BRP denunció que no cuenta con información suficiente para verificar el estado actual de salud de Zavala ni el de los integrantes de la comunidad que permanecen encarcelados.
Alertan sobre enfermedades y falta de información
Durante la conferencia, los representantes también expresaron preocupación por la condición médica de algunas personas detenidas, quienes, según sus declaraciones, padecen enfermedades crónicas que requieren atención y seguimiento.
Afirmaron que las restricciones de contacto dificultan conocer las condiciones físicas y psicológicas de los detenidos y verificar si reciben los servicios médicos necesarios.
Para las organizaciones, la prolongación de la detención no solo aplaza la resolución judicial, sino que también prolonga la incertidumbre sobre el acceso a la atención sanitaria y las condiciones de reclusión.
La exigencia de información sobre la salud y la integridad de los detenidos se suma al llamado para que las autoridades revisen el caso y garanticen el respeto a sus derechos.
Asilo en España y cuestionamientos internacionales
La carta también incorpora el caso de Ivania Cruz y Rudy Joya, abogados vinculados a UNIDEC y representantes de la defensa de derechos humanos, contra quienes, según el documento, se emitieron órdenes de captura en el marco de este proceso.
Las organizaciones señalan que ambos se encuentran en España, donde recibieron asilo político en marzo de 2026. También afirman que Interpol retiró una orden internacional de arresto relacionada con ellos y que expertos de Naciones Unidas han expresado preocupación por posibles actos de represión transnacional.
Los firmantes sostienen que estos antecedentes refuerzan la necesidad de examinar las actuaciones judiciales y las garantías ofrecidas a quienes participan en la defensa de derechos humanos.
La carta cuenta con el respaldo de organizaciones de América Latina, Europa, Australia, Estados Unidos, Canadá y otras regiones, según lo expuesto durante la conferencia.
Exigen libertad y garantías judiciales
El BRP reiteró su demanda de liberación inmediata para Fidel Zavala y 20 líderes de La Floresta, así como el cierre del proceso penal contra quienes considera criminalizados por su labor comunitaria.
Los representantes del BRP también cuestionaron el uso del régimen de excepción para procesar a defensores de derechos humanos y movimientos sociales. En su opinión, las disposiciones adoptadas para combatir a las pandillas no deben utilizarse para prolongar detenciones en casos vinculados con la defensa de la vivienda y el territorio.
La exigencia se produce en medio de un debage sobre las personas detenidas bajo el régimen de excepción y los mecanismos para revisar sus casos. Durante la conferencia, representantes de movimientos de víctimas pidieron que cualquier comisión encargada de evaluar detenciones sea independiente, transparente y cuente con participación de distintos sectores, además de observación internacional.
Las organizaciones consideran que la situación de La Floresta debe resolverse con respeto al debido proceso, acceso efectivo a la defensa y garantías para la integridad de las personas detenidas.
