La liberación de “colaboradores” de pandillas debe hacerse con criterios técnicos y legales: Juan Carlos Torres

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Juan Carlos Torres, experto en Cultura de Paz, señala que una eventual liberación de personas vinculadas a pandillas debe evaluarse con criterios técnicos y legales, sin ignorar a las víctimas ni a quienes pudieron colaborar bajo amenazas.

El Salvador todavía enfrenta importantes desafíos para avanzar hacia una paz duradera, pese a la reducción de la violencia atribuida a la política de seguridad gubernamental, dijo en Encuentro con Julio Villagrán.

La reconstrucción del tejido social, la revisión de los efectos del régimen de excepción y la necesidad de garantizar justicia tanto para las víctimas como para las personas inocentes encarceladas son algunos de los problemas que requieren atención, según el académico, especialista en cultura de paz de la Universidad Don Bosco.

Torres cuestionó la forma en que se comunican las decisiones relacionadas con la seguridad pública y advirtió que cualquier propuesta sobre la liberación de personas privadas de libertad debe abordarse con responsabilidad, asesoría especializada y transparencia institucional.

El académico se refirió a la discusión generada por declaraciones del presidente de la República, Nayib Bukele, sobre un plan para liberar condicionalmente a una parte de las personas vinculadas a las pandillas, bajo el supuesto de colaboraciones forzadas.

A su juicio, la manera en que se presentó inicialmente el planteamiento provocó incertidumbre, especialmente entre las familias que sufrieron amenazas y violencia durante el control territorial ejercido por esas estructuras criminales.

Una propuesta que requiere claridad

Torres explicó que el anuncio presidencial generó distintas interpretaciones porque, inicialmente, se habló de liberar al 50 % de determinados grupos de personas privadas de libertad, sin que quedaran suficientemente claros los criterios y alcances de la propuesta.

El especialista señaló que, en un tema tan sensible para la sociedad salvadoreña, la comunicación oficial debe ser precisa. Una declaración ambigua puede provocar temor entre las víctimas y sus familias, particularmente entre quienes denunciaron a integrantes de pandillas o colaboraron con las autoridades en circunstancias de riesgo.

“Una cosa es lo que dijo primeramente y otra cosa lo que dijo después”, fue la reflexión planteada durante el programa al analizar las explicaciones posteriores del mandatario.

Para Torres, el Gobierno debe contar con especialistas que comprendan la complejidad social del fenómeno de las pandillas y no limitar las evaluaciones a criterios policiales o de investigación criminal. La clasificación de las personas encarceladas, sostuvo, necesita una revisión rigurosa que permita distinguir entre quienes participaron voluntariamente en actividades delictivas y quienes actuaron bajo amenazas o por necesidad de sobrevivir.

El académico también cuestionó el uso de términos que pueden reproducir el lenguaje de las estructuras criminales y pidió mayor cuidado en la presentación pública de las categorías utilizadas para identificar a las personas detenidas.

La colaboración bajo amenazas

Uno de los puntos centrales de su análisis fue la diferencia entre colaborar voluntariamente con una pandilla y verse obligado a hacerlo para proteger la vida propia o la de la familia.

Torres recordó que, en comunidades sometidas al control territorial de estos grupos, algunas personas no tenían posibilidades reales de negarse a sus exigencias. Comerciantes que debían entregar productos, familias obligadas a permitir el paso de pandilleros por sus viviendas y habitantes presionados para realizar favores formaban parte de una dinámica de intimidación cotidiana.

El especialista relató que, en determinados territorios, las estructuras criminales condicionaban la movilidad de los habitantes y exigían obediencia. En ese contexto, una persona podía terminar clasificada como colaboradora sin que ello significara necesariamente que hubiera actuado por voluntad propia.

Por esa razón, consideró indispensable que las autoridades revisen cada situación con criterios técnicos y conocimiento de las condiciones comunitarias. La evaluación debe permitir identificar responsabilidades individuales.

Torres reconoció, al mismo tiempo, que existen personas que pudieron colaborar conscientemente con estructuras criminales y que deben responder por sus actos conforme a la ley.

Justicia para las víctimas y los inocentes

El académico advirtió que una eventual revisión de condenas o beneficios penitenciarios también debe considerar las consecuencias que la violencia dejó en las víctimas. Muchas familias perdieron a sus seres queridos, empleos, viviendas o estabilidad económica, mientras otras continúan enfrentando dificultades para reconstruir sus vidas.

A ello se suma el impacto de las detenciones sobre los hogares de las personas encarceladas. Niños que quedaron sin sus padres, familias desintegradas y comunidades afectadas por el miedo forman parte de una realidad que, según Torres, no puede resolverse únicamente mediante el encarcelamiento.

El especialista sostuvo que el país necesita mecanismos para atender esos daños y evitar que las decisiones sobre seguridad profundicen los conflictos sociales.

En su análisis, la justicia debe distinguir entre culpabilidad e inocencia. Si una persona no cometió un delito, no debería permanecer encarcelada, pero para determinarlo se requieren herramientas institucionales, evaluaciones individualizadas y garantías procesales.

Torres también llamó a recurrir a especialistas en psicología social, prevención de la violencia y estructuras comunitarias. Consideró que la experiencia policial es importante, pero no suficiente para comprender un fenómeno que tiene raíces sociales y afecta de manera desigual a distintos sectores de la población.

Reconstruir la convivencia

Para Torres, la prevención de la violencia y la reconstrucción del tejido social deben ocupar un lugar central en las políticas públicas. Las pandillas no surgieron de manera aislada, explicó, sino que se desarrollaron en entornos comunitarios marcados por distintas formas de exclusión, violencia y vulnerabilidad.

El académico rechazó la idea de que todos los jóvenes que ingresaron a esas estructuras lo hicieron por simpatía o decisión libre. Recordó que existieron mecanismos de reclutamiento forzado y presiones que condicionaron la vida de numerosos adolescentes.

Por ello, planteó la necesidad de fortalecer programas preventivos y designar funcionarios con conocimientos específicos para atender los conflictos sociales. La reconstrucción de la convivencia, afirmó, requiere una intervención sostenida y transparente, capaz de recuperar la confianza de las comunidades.

Finalmente, Torres llamó a la ciudadanía a asumir un papel activo, exigir información pública y evaluar responsablemente a quienes se elige para los cargos públicos, pero también llamó al Gobierno a cambiar a los funcionarios que están al frente de la Dirección de Integración y de la del Tejido Social, que no han hecho nada al respecto, según su análisis.

Sobre el tema, el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) y Madres por la Libertad han manifestado un posicionamiento similar, al señalar que el tema de las liberaciones se debe abordar de forma responsable y clara.

Asimismo, exigen que las liberaciones no sean de forma condicionada, sino como resultado de la justicia, pues en muchos casos se trata de víctimas de las pandillas que también han sido víctimas del Estado.