Por: Luis Rafael Moreira Flores
En una concurrida conferencia de prensa, los liderazgos del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular anunciaron una convocatoria abierta a todas las organizaciones sociales, fuerzas políticas y a la ciudadanía en general para tomar las calles este próximo 15 de septiembre. Durante el encuentro con los medios, la gremial hizo un llamado firme a retomar la lucha popular y denunció la profundización de un régimen político y económico que, aseguran, ha deteriorado drásticamente la calidad de vida y las libertades democráticas en El Salvador.
Fran Omar Parada fue el encargado de dar lectura al comunicado oficial de la organización. En su intervención, enfatizó que en el contexto actual del país no existen motivos de celebración respecto al aniversario de la independencia centroamericana.
«El 15 de septiembre no hay nada que celebrar. Desde el 2021, esta fecha emblemática se ha convertido en un símbolo de lucha por una verdadera independencia de nuestro país, frente a la instalación y profundización de un régimen autocrático que ha tomado el control de las instituciones públicas para ponerlo en función del clan familiar al cual pertenece, de la oligarquía, del imperialismo y de sus demás aliados. Todo esto en detrimento de la gran mayoría de la población que sufre cada día los embates de la corrupción, el empobrecimiento y el despojo», dio lectura Parada.
Reformas electorales y monopolio del poder
Durante el pronunciamiento, la organización profundizó en la coyuntura política y electoral que atraviesa la nación. Los voceros señalaron que en el marco del segundo mandato gubernamental —al cual calificaron de inconstitucional y usurpador de las instituciones estatales— la situación de la institucionalidad democrática ha experimentado un grave retroceso.
El Bloque denunció que las modificaciones realizadas al sistema político electoral y a la Constitución de la República entre los años 2025 y 2026 buscan blindar la continuidad del grupo gobernante hasta el año 2033. Según el comunicado, con la institucionalidad del Estado bajo el control del grupo oficialista y sin garantías para la contienda electoral, el escenario político niega posibilidades reales de competencia a la oposición. A juicio de la organización social, participar en los comicios bajo estas condiciones solo contribuiría a otorgar legitimidad a un proceso electoral que carece de transparencia y de los estándares democráticos fundamentales.
Régimen de excepción, juicios masivos y condenas
Otro de los ejes centrales expuestos durante la rueda de prensa fue el impacto del régimen de excepción. De acuerdo con el pronunciamiento, tras cuatro años de prórrogas continuas, esta medida excepcional —diseñada originalmente con un límite temporal— se ha transformado en una política pública permanente de contención social.
La gremial alertó sobre las afectaciones que esto genera en miles de familias salvadoreñas debido a capturas arbitrarias y a la falta de información sobre la salud y condiciones de vida de las personas detenidas. Asimismo, denunciaron el desarrollo de juicios masivos que vulneran la presunción de inocencia al procesar conjuntamente a personas sin vínculos delictivos con integrantes comprobados de estructuras criminales.
El comunicado también advirtió sobre el uso de la pena de cadena perpetua para delitos asociados a agrupaciones ilícitas, señalando que esta figura jurídica se está empleando como una herramienta de persecución política contra dirigentes de la sociedad civil. Como ejemplo de esta situación, citaron el caso de los integrantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. Según se denunció, la audiencia programada para este mes de agosto contra estos líderes fue suspendida alegando fallas de conexión a internet en las salas de crimen organizado de Soyapango, siendo reprogramada para los primeros días de septiembre, lo que a criterio de la organización agrava la incertidumbre de sus familiares.
En el ámbito laboral, el Bloque condenó el hostigamiento sistemático hacia las directivas sindicales mediante la retención de credenciales oficiales que les impiden ejercer la representación formal de las personas trabajadoras. Paralelamente, señalaron que diversas entidades de la sociedad civil han debido suspender sus operaciones debido a la excesiva burocracia y a los tributos derivados de la Ley de Agentes Extranjeros, normativa que, según indicaron, responde a una agenda dictada por sectores de la extrema derecha internacional en perjuicio de las organizaciones comunitarias.
Deterioro del sector agropecuario y crisis fiscal
En el análisis de la coyuntura económica, la representación popular subrayó un deterioro generalizado de los indicadores nacionales. El sector agropecuario figura como el más golpeado, registrando una contracción del -1% en el primer trimestre del año. La organización recalcó que a esta baja productiva se suman los impactos climáticos y la ausencia de políticas públicas dirigidas a rescatar la economía rural.
A la par del declive productivo, el comunicado enfatizó el acelerado endeudamiento público, señalando un incremento de $1,600 millones de dólares en la deuda estatal durante el primer semestre del presente año. El Bloque cuestionó el destino de estos fondos al sostener que el endeudamiento no se traduce en beneficios económicos para la población general. Asimismo, denunciaron que el Estado ha hecho uso de hasta un 70% de los fondos de pensiones en calidad de préstamos, sin realizar desembolsos para abonar a dicha deuda desde el año 2023.
Esta gestión de las finanzas públicas, argumentó la agrupación, impacta de forma directa en el presupuesto de las familias salvadoreñas mediante el encarecimiento de servicios esenciales como la educación, el costo de la energía eléctrica, la canasta básica, los combustibles, el transporte, la salud y los alquileres de vivienda —ubicados entre los más altos de la región—, a la par de un incremento sostenido en el desempleo.
Llamado a la movilización y organización popular
Frente a la crisis expuesta, los portavoces del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular sostuvieron que el escenario actual no puede resolverse mediante procesos electorales sin garantías ni a través de una oposición política desgastada.
Por esta razón, la gremial concluyó la lectura de su manifiesto haciendo una exhortación directa a todas las fuerzas sociales, agrupaciones comunitarias y a la ciudadanía a unirse a la marcha del 15 de septiembre. Del mismo modo, instaron a la población a fortalecer las formas de organización interna en barrios, cantones, caseríos, espacios de trabajo y comercios para defender los derechos fundamentales y consolidar una alternativa ciudadana frente a los atropellos institucionales.
Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Debe estar conectado para enviar un comentario.