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Saúl Méndez
Colaborador
Bases Magisteriales Salvadoreñas denunciaron que funcionarios públicos están actuando de forma arbitraria, violentando derechos fundamentales y pasando por encima de la Constitución, la Ley de la Carrera Docente, la Ley de Sueldos, Vacaciones y Licencias y de otras normativas que protegen a los trabajadores de la educación y de la salud.
David Rodríguez, secretario general de la organización, afirmó que los docentes ya no soportan los abusos que se están cometiendo, pese a la existencia de leyes que regulan el funcionamiento de los empleados públicos.
“Se está obligando a los docentes a participar en actividades fuera de su jornada laboral: fines de semana, vacaciones y días de descanso. Se imponen capacitaciones extensas sin consideración humana ni legal. Se irrespeta el derecho al descanso, a la familia y a condiciones laborales justas”, manifestó.
Rodríguez también denunció la creciente incertidumbre laboral que enfrentan miles de docentes.
“La estabilidad en el empleo, garantizada por la ley, ha sido debilitada por decisiones arbitrarias, presiones indebidas y medidas inconsultas”, señaló.
“Un ejemplo reciente es el caso de una maestra en Ahuachapán, donde una directora departamental, sin atribuciones legales, firmó la supuesta supresión de una plaza y colocó a otra persona en un cargo que previamente se había declarado innecesario”, expresó.
Bases Magisteriales Salvadoreñas advirtió que a esta situación se suma la grave crisis económica que afecta al sector educativo, al sector salud y a todos los trabajadores del país: salarios congelados desde hace seis años frente al alto costo de la vida, endeudamiento creciente y pensiones insuficientes que profundizan la precariedad.
“La reforma de pensiones implementada desde diciembre de 2022 no garantiza condiciones mínimas de subsistencia”, criticó.
“Hay además un punto urgente que no podemos callar: han transcurrido ya cuatro meses y muchos docentes pensionados aún no reciben el primer desembolso de la compensación económica a la que tienen derecho por ley. Estos docentes presentaron su renuncia en agosto del año pasado para que los fondos fueran incluidos en el presupuesto, con la expectativa de recibir el pago entre enero y, a más tardar, febrero”, explicaron.
Sin embargo, señalaron que no han recibido esos recursos, necesarios para pagar préstamos, cubrir gastos de salud que actualmente deben asumir de su propio bolsillo y sostener a sus familias. Muchos han caído incluso en procesos de embargo por esta situación, detalló Rodríguez.
“La entrega fraccionada de la compensación ha generado incertidumbre. Aunque el año pasado se realizó un primer pago en mayo, muchos aún no han sido notificados ni han recibido nuevos desembolsos. Docentes jubilados dependen de este dinero para sobrevivir: alimentación, medicinas, pago de deudas y manutención familiar”, añadió.
“No estamos hablando de privilegios, sino de derechos”, enfatizaron.
“Por ello, hacemos público este problema y llamamos especialmente a los pensionados del Magisterio y a todos los trabajadores públicos que se retiraron el año pasado a organizarse y unirse a esta lucha justa”, manifestaron.
Asimismo, denunciaron la situación crítica del sistema de salud del Magisterio, donde afirmaron que existe una profunda preocupación a nivel nacional por el deterioro en la atención, reflejado en dificultades para obtener citas, trabas para gestionar incapacidades y limitaciones en el acceso a medicamentos de calidad.
“En la práctica, se está llegando al extremo de dificultar hasta el derecho a enfermarse dignamente”, indicaron.
“Exigimos una atención médica digna, humana, oportuna y eficiente”, agregaron.
“Cuando un gobierno irrespeta a sus maestros, irrespeta la educación de todo un país y condena a la población a una etapa oscura. Cuando se pisotea la ley, se debilita la democracia. Cuando se abandona la salud del trabajador, se atenta contra la vida. Cuando se humilla al docente, se hiere al país entero y a su niñez”, aseveró.
“El caso de Ahuachapán, donde una comunidad se levantó para defender a su profesor, demuestra que aún existen sectores que valoran el trabajo del educador”, aseguró.
“Por todas estas razones, convocamos a todo el Magisterio Nacional, docentes activos, interinos y jóvenes, incluso a quienes han sido intimidados o citados en instancias departamentales, a reunirnos el próximo 1 de mayo en la esquina norte del Parque Cuscatlán”, convocó.
“Desde allí marcharemos para exigir el cumplimiento de nuestros derechos, el respeto a la Ley de la Carrera Docente y a la Constitución, y para demandar que los funcionarios públicos asuman sus responsabilidades”, concluyó.
