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Saúl Méndez
Colaborador
La Asociación Nacional de Educadores Bases Magisteriales Salvadoreñas denunció abusos de autoridad, intimidaciones y vulneraciones a los derechos laborales de docentes por parte de funcionarios del Ministerio de Educación, quienes amenazan con suprimir plazas a maestros que se ausentan de sus labores para asistir a consultas médicas.
El sindicato señaló a directores departamentales de Educación de Sonsonate, Santa Ana, Usulután, Ahuachapán y San Salvador de ejercer prácticas de intimidación y despotismo contra el magisterio. Asimismo, cuestionó que se utilice la figura del régimen de excepción para amedrentar a los trabajadores y restringir sus derechos.
David Rodríguez, secretario general de Bases Magisteriales, afirmó que algunos funcionarios actúan con arrogancia y prepotencia, y aseguró que entre ellos hay personas que incluso han tenido trayectoria sindical.
«La directora departamental de Sonsonate, el director departamental de Usulután, la directora departamental de Ahuachapán y el director departamental de San Salvador son la mejor muestra de funcionarios que carecen de los conocimientos necesarios, pero que actúan con arrogancia y creen que toda la vida van a ocupar el cargo de director departamental», expresó.
Por su parte, Paz Zetino, secretario de Organización de Bases Magisteriales, señaló que las amenazas contra los docentes afectan sus derechos al descanso y a la salud. Aseguró que algunos maestros continúan asistiendo a sus centros educativos pese a atravesar situaciones de crisis, debido al temor de perder sus plazas si acuden a consultas médicas.
«Hay compañeros que atraviesan situaciones de crisis y aun así están yendo a trabajar por miedo, debido a las amenazas que les han hecho. Les dicen que, si siguen asistiendo a consultas médicas, el próximo año van a sufrir las consecuencias con sus plazas. Imagínese el nivel al que hemos llegado», manifestó Zetino.
El dirigente agregó que las intimidaciones se producen mediante una cadena de funcionarios que involucra a directores departamentales, jefaturas de Desarrollo Humano y directores de los centros educativos.
Rodríguez también expuso el caso de un docente de Usulután que padece tres enfermedades crónicas y que perdió su plaza después de acudir constantemente a sus controles médicos. El secretario general cuestionó que las autoridades no tomaran en cuenta las responsabilidades familiares y económicas del trabajador.
«Cuando le dicen a un profesor que, si sigue faltando a la escuela porque está asistiendo a consultas médicas, le van a suprimir la plaza, eso no es una amenaza sin fundamento. En Usulután despidieron a un profesor que tiene tres enfermedades crónicas y que acudía constantemente a sus controles médicos. Le suprimieron la plaza», afirmó.
Ante esta situación, Rodríguez recordó el artículo 320 del Código Penal y advirtió sobre las posibles responsabilidades de los funcionarios que vulneren derechos laborales en el ejercicio de sus cargos.
«Yo siempre les cito el artículo 320 del Código Penal, que establece que un servidor público que, en el desempeño de su cargo, vulnere derechos laborales puede pagar con cárcel y con su propio dinero por todas aquellas afectaciones que ocasione. Y ese delito no prescribe», sostuvo.
Los representantes de Bases Magisteriales también cuestionaron que algunos funcionarios utilicen el régimen de excepción para intimidar a los trabajadores de la educación. Rodríguez consideró que esta figura se ha convertido en un mecanismo de presión contra los docentes.
«Lo que hay que tener presente para que esto quede claro es que nosotros estamos bajo un régimen de estado de excepción y que estos funcionarios han utilizado esa figura para, como dicen vulgarmente, salvequear a medio mundo», expresó.
Asimismo, el secretario general reivindicó el trabajo de los maestros en el sostenimiento de los centros educativos y recordó que algunos docentes han asumido labores de mantenimiento en las escuelas, incluso exponiendo su integridad física.
«Miles de escuelas en este país no han muerto porque los profesores no las han dejado morir. Usted se da cuenta de que hay maestros que han sufrido graves accidentes mientras cambian los techos de las escuelas. Uno se cayó y murió», señaló.
Zetino recordó que los cargos de dirección departamental son puestos sujetos a los cambios de administración gubernamental, mientras que Rodríguez insistió en que los funcionarios deben respetar los procedimientos legales cuando se trate de suprimir una plaza.
«En un Estado de derecho, por lo menos hagan patria, sean decentes y sigan el procedimiento de ley si quieren suprimir una plaza, pero no lo hagan con tanta arrogancia, porque esos cargos se terminan», concluyó Rodríguez.
