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Redacción Nacionales
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El comunicador social Franklin Martínez cuestionó el uso de recursos públicos para financiar estructuras de comunicación y desinformación política, tal como ha quedado demostrado una investigación publicada por El Faro sobre empresas vinculadas a Porfirio Chica, un operador del “bukelismo”.
Durante su participación en el programa Encuentro con Julio Villagrán, Martínez sostuvo que el reportaje plantea interrogantes sobre la forma en que instituciones estatales estarían destinando fondos a servicios de monitoreo de medios, análisis de percepción ciudadana y comunicación política.
De acuerdo con la investigación presentada en el programa, una solicitud de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia habría gestionado ante el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) una cooperación no reembolsable por $1.13 millones para un proyecto denominado “monitoreo y análisis de la percepción ciudadana sobre servicios financieros y digitales”.
Martínez consideró que el tema requiere explicaciones públicas, especialmente porque, según la información expuesta, el proyecto habría involucrado empresas relacionadas con Porfirio Chica y familiares.
El papel de la banca pública
Uno de los aspectos que más llamó la atención del comunicador es que los recursos señalados no corresponden únicamente a una contratación ordinaria de servicios de comunicación, sino a una cooperación canalizada mediante una institución financiera estatal.
Según la información presentada en el programa, la solicitud contemplaba un periodo de ejecución de nueve meses durante 2026. También se señaló que el expediente habría contado con una sola oferta de servicios y que algunos procedimientos administrativos se habrían realizado después de la aprobación inicial, señaló El Faro.
Para Martínez, estos elementos deberían ser examinados por las instituciones encargadas de fiscalizar el uso de los fondos públicos.
“Hay una decisión de utilizar la banca pública para fondear estructuras y aparatos de desinformación política”, afirmó Martínez.
El comunicador social planteó que una investigación institucional debería determinar quién solicitó los recursos, quién autorizó la operación, cuál era exactamente el servicio contratado y cuáles fueron los criterios utilizados para establecer el monto.
Monitoreo de medios y redes
El material presentado en Encuentro con Julio Villagrán señala que el proyecto no se habría limitado a recopilar información sobre medios de comunicación. La investigación de El Faro describe labores de monitoreo de medios y redes sociales, así como la clasificación de publicaciones consideradas “negativas” y la elaboración de propuestas para modificar la percepción pública y reducir determinadas narrativas.
Entre los medios identificados en ese monitoreo aparecen El Faro, Revista Factum, Contrapunto y Diario Co Latino. Este aspecto genera una discusión más amplia sobre los límites entre comunicación institucional, propaganda política y operaciones de influencia.
Martínez sostiene que existe una diferencia entre la comunicación oficial que realizan las instituciones del Estado para informar sobre sus programas y decisiones y aquellas estructuras privadas que, según el reportaje, podrían estar desarrollando campañas de posicionamiento o descalificación desde espacios digitales.
Una red con antecedentes
Otro elemento señalado durante la conversación es que las empresas relacionadas con Chica habrían mantenido vínculos contractuales con diferentes gobiernos y entidades públicas durante varios años.
Según los datos expuestos en el programa, hubo adjudicaciones entre instituciones estatales y sociedades relacionadas con Chica y su familia desde gobiernos anteriores.
Para Martínez, este antecedente es relevante porque permite discutir el fenómeno más allá de una contratación específica y preguntarse si existe un modelo permanente de utilización de empresas privadas para desarrollar determinadas tareas de comunicación política.
“Lo que me queda es el patrón, el modo”, afirmó.
Comunicación oficial y estructuras digitales
El comunicador diferenció entre los canales institucionales del Gobierno, los medios privados que respaldan determinadas posiciones políticas y las redes de cuentas o grupos que participan en campañas digitales contra personas o sectores críticos.
A su juicio, las redes sociales han transformado la disputa política y permiten desarrollar operaciones de comunicación que resultan más difíciles de identificar que la propaganda tradicional.
Asimismo, sostuvo que la existencia de estructuras dedicadas a monitorear y responder a contenidos críticos puede tener efectos sobre el debate público, especialmente cuando los recursos utilizados provienen de instituciones estatales.
Las preguntas sobre el proceso electoral
Martínez vinculó además la discusión con el próximo proceso electoral y con la necesidad de garantizar condiciones de competencia y transparencia.
En ese contexto, cuestionó cuál debería ser la actuación del Tribunal Supremo Electoral frente a eventuales denuncias sobre utilización de recursos públicos para actividades que puedan tener incidencia política, como el caso presentado por El Faro.
También planteó que corresponde determinar si existen otras estructuras similares, cuánto dinero público han recibido y cuáles han sido sus funciones.
“No es posible estar en una condición donde, en teoría, vamos a competir cuando las reglas están soterradas”, expresó.
Exigen explicaciones
La controversia planteada por la investigación de El Faro coloca nuevamente en el centro del debate el acceso a la información pública, la fiscalización de los recursos estatales y la transparencia de las contrataciones.
Martínez consideró que la Asamblea Legislativa y las instituciones responsables deberían revisar la documentación relacionada con la operación, establecer quién tomó las decisiones y determinar si se cumplieron los procedimientos establecidos.
Más allá de las interpretaciones políticas, el caso deja una serie de preguntas concretas: cuál fue el destino de los $1.13 millones, qué servicios fueron efectivamente prestados, quiénes participaron en su ejecución y qué mecanismos de control se aplicaron.
Para el comunicador, responder esas interrogantes es indispensable en una democracia donde el uso de recursos públicos debe estar sujeto a controles y rendición de cuentas.
La discusión, por tanto, no se limita al funcionamiento de una empresa o a una contratación determinada. También plantea el desafío de establecer hasta dónde puede llegar la comunicación política financiada directa o indirectamente con recursos estatales y cuáles son los mecanismos disponibles para evitar que el dinero público termine interviniendo en la disputa política o afectando el debate ciudadano.
