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Por Leonel Herrera*
El 30 de mayo del año pasado fueron capturados de manera arbitraria e ilegal Atilio Montalvo, Pepe Melara y otros nueve dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, una coalición de asociaciones de veteranos y ex combatientes del conflicto armado.
Los detuvieron sin orden de captura, con engaños y sin ninguna prueba real de los supuestos delitos que posteriormente les imputaron. Al día siguiente fue detenido el comunicador comunitario Luis Alberto Menjívar, horas después de haber transmitido la conferencia de prensa donde organizaciones sociales denunciaron la captura de Atilio, Pepe y sus compañeros.
Fuentes conocedoras del caso afirman que éste fue fabricado por la ahora fallecida cúpula policial (Mauricio Arriaza Chicas y compañía) que buscaba congraciarse con Nayib Bukele, haciéndole creer que los detenidos preparaban acciones de protesta violenta que empañarían su fiesta autoritaria de la toma de posesión inconstitucional del 1º de junio.
Las capturas también fueron una clara represalia por la postura política de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, especialmente su denuncia de la grave regresión democrática y su rechazo a la reelección inconstitucional de Bukele. Melara y otros voceros de la organización también denunciaban las múltiples violaciones a los derechos humanos y los abusos contra personas inocentes en el marco del régimen de excepción.
Este caso de persecución política no sólo se caracteriza por las flagrantes violaciones a la presunción de inocencia, al debido proceso penal y al estado de derecho; sino que destaca también por la crueldad y el sadismo extremo con que han sido tratados los detenidos, manteniéndolos en prisión a pesar de su grave estado de salud.
En el caso de Atilio Montalvo, la jueza del Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado se ha negado a realizar una audiencia especial de revisión de medidas, a pesar de que él podría morir en prisión dada su delicada situación de salud (hipertensión arterial, diábetes, insuficiencia renal y otras enfermedades crónicas en fase terminal). Su familia ha pedido que “por humanidad” se le permita salir para estar en casa sus últimos días de vida.
También llama la atención en este caso el silencio de la ONU. Es lamentable que la instancia facilitadora, mediadora y garante de los Acuerdos de Paz mire para otro lado ante la criminalización y persecución de quienes fueron los artífices del proceso de paz presentado al mundo como un ejemplo de solución negociada de conflictos armados internos.
Al caso de los dirigentes de la Alianza, se suman otros de persecución política igualmente graves como el de Fidel Zavala, defensor de derechos humanos y miembro de UNIDHEC, enviado a la misma prisión donde presenció los abusos carcelarios que había denunciado; así como el del ex presidente del TSE, Eugenio Chicas, detrás de cuyo proceso por “corrupción” hay una persecución por sus críticas al gobierno y -probablemente- una venganza personal de Bukele.
A esto se agrega el doble juzgamiento contra los líderes ambientalistas de Santa Marta y ADES, quienes la próxima semana enfrentarán la nueva vista pública a pesar de que ya habían sido sobreseídos por el Juzgado de Sentencia de San Vicente en octubre del año pasado. El nuevo juicio será en el Tribunal de Sentencia de San Vicente, presidido por el presunto ex guardia nacional Hugo Banzer Flores Alas.
Acercándose el primer aniversario de su gobierno inconstitucional, Bukele ordenó por redes sociales la captura de varios empresarios del transporte colectivo por -supuestamente- no acatar la orden de dar transporte gratuito. Uno de los detenidos falleció en un centro hospitalario mientras estaba detenido, murió sin derechos y antes de estar frente a un juez.
Una semana después, fueron reprimidos los pobladores de la Cooperativa El Bosque que pacíficamente se concentraron para pedir apoyo presidencial para frenar una orden de desalojo. El presidente de la cooperativa, Ángel Flores, fue capturado; y al siguiente día también fue detenido el asesor legal de la cooperativa y abogado del Foro del Agua, Alejandro Henríquez.
Acto seguido, fue capturada arbitrariamente Ruth López, miembra de CRISTOSAL. La motivación política de esta detención no podría ser más evidente, pues la célebre abogada y defensora de derechos humanos ha denunciado fuertemente los abusos de poder, la corrupción y las injusticias del gobierno. Más de una semana después de su captura, López está desaparecida en las cárceles y por el régimen de excepción de Bukele.
Finalmente, para arreciar la persecución contra los organizaciones, sus miembros y sus “terceros vinculados”, el bukelato aprobó la ominosa Ley de Agentes Extranjeros que podría ser aplicada de manera arbitraria a cualquier persona natural o jurídica que -según el régimen- actúe con fines políticos o responda a intereses de agentes extranjeros.
Finalmente, al momento de escribir este texto, me entero que el Juzgado Primero de Santa Tecla ha mandado a prisión a Ángel Pérez y a Alejandro Henríquez, decretándoles detención provisional de manera injustificada y bajo la acusación ridícula de cometer “desórdenes públicos” y “resistencia agresiva”. Esto es la justicia al revés, la confirmación de que no existe la justicia en el país y que este régimen no va a ceder en su política de persecución contra quienes promueven y defienden derechos.
*Periodista y activista social.
