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ASTRAM presenta petición ante PDDH para reapertura “Caso Gilberto Soto”

@GloriaCoLatino

La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) Raquel Caballero recibió una petición de parte de la Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM), para la reapertura del Caso Gilberto Soto, asesinado el 5 de noviembre de 2004, en Usulután, cuando se encontraba de visita en el país.

Soto era un salvadoreño naturalizado estadounidense y representante en Nueva Jersey de la “Hermandad Internacional de Camioneros” (International Brotherhood of Teamsters), considerada una de las organizaciones de camioneros más importante  y emblemáticas en los Estados Unidos.

Las hipótesis que se manejaron en la Fiscalía General de la República en aquel momento, daban cuenta que el crimen de Gilberto Soto fue planeado por su suegra con el fin de cobrar un seguro de vida y a la vez, una venganza a una “supuesta” violencia intrafamiliar que su hija sufrió, infringida por Soto, y para llevar a cabo este asesinato se utilizó el sicariato  de miembros de pandilla. No obstante, de tres personas enjuiciadas solo condenaron a Herberth Joel Ramírez Gómez, y la suegra de Gilberto Soto, Rosa Elba de Ortíz, fue absuelta en ese momento, aún cuatro años más tarde, cuando la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia eliminó el primer dictamen pero quedó exonerada.

El grupo de trabajadores de ASTRAM que ingresaron al recinto de la PDDH, escucharon parte de las resoluciones que emitió -en ese momento- la Procuradora Beatricce de Carrillo, quien fungía en el cargo de defensora del pueblo a fin de documentar el caso de Gilberto Soto. Las dudas  sobre  los responsables intelectuales y el motivo del asesinato de Gilberto Soto,  son reiteradas por el hermano Francisco Soto que insiste en la teoría que el crimen fue porque desarrollaba un proyecto de sindicalización  del gremio de furguneros de Centroamérica y que fueron grupos de poder ligados al narcotráfico rechazaban cualquier intento de organización.

Esta versión también es apoyada por el congresista James McGovern y el informe que en ese momento la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) emitió, antes que las organizaciones de camioneros presentaran la petición al ex fiscal general Luis Martínez, pero que no tuvo eco en el trabajo de investigación, sobre quienes eran los autores intelectuales del asesinato de Gilberto Soto.

El grupo de ASTRAM que habían realizado una concentración al frente del edicicio de la PDDH se retiraron liberando la calle y una delegación ingreso para hablar con la actual procuradora Raquel Caballero.

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