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Según representantes litigantes de CRISTOSAL que le han dado seguimiento a la “Masacre de El Calabozo”, las pruebas físicas y testimoniales recuperadas servirán para reforzar su denuncia de homicidio agravado y actos de terrorismo. Foto Diario Co Latino/Archivo.

Asesinato y actos de terrorismo enfrentan imputados en la masacre de El Calabozo

Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino

El operativo militar denominado “Mario Azenón Palma”, en el que participaron los batallones élite (BIRI) Belloso y Atlacatl, así como el destacamento militar No. 2 y la Quinta Brigada de Infantería, están involucrados en la muerte de alrededor de 200 civiles, en el lugar conocido como El Calabozo, en las márgenes del río Amatitán, cantón San Jerónimo, municipio de Santa Clara, San Vicente.

David Morales, director estratégico de Litigios de CRISTOSAL, que acompaña jurídicamente al Centro para la Promoción de Derechos Humanos “Madeline Lagadec”, y que históricamente han dado seguimiento a la Masacre de El Calabozo, consideró que las pruebas físicas y testimoniales recuperadas son sólidas para reforzar lo acontecido en agosto de 1982.

“El operativo consistía en el despliegue de tropas quienes cuando encontraban familias o grupos de personas los exterminaban en ese sitio donde estaban, también los forzaban a agruparse y fusilarlos, eran familias enteras que fueron asesinadas en los alrededores del río. Así como en este lugar de la exhumación que se trata de seis personas, dos adultos mayores y otros eran niñas y niños. De este enterramiento se supo porque uno de los miembros de la familia resultó lesionado y lo dieron por muerto los soldados, esto les permitió escapar y salir del lugar. Y quince días después que las tropas se alejaron, pudieron llegar a enterrar los restos que quedaban, porque los animales de rapiña los habían dispersado”, explicó.

Morales señaló que pese a las pocas fosas que han podido ser identificadas y salvaguardadas a lo largo de tres décadas, los familiares de las víctimas podrán reforzar su denuncia de homicidio agravado y actos de terrorismo que se consideran de gravedad jurídicamente.

“Este operativo fue de tal dimensión en el número de soldados y con tal nivel de crueldad y persecusión de la población civil, más fuerte que la empleada en el caserío El Mozote y sitios aledaños. Los soldados se mantuvieron por mucho tiempo en la zona, de tal manera que impedían que sobrevivientes retornaran o dieran sepultura a sus víctimas, es por esto que hay muy pocos restos (óseos) de este operativo militar de exterminio de civiles y esta fosas (familia Realegeño) es importante, porque está revelando evidencia física para el proceso judicial”, manifestó.

Sobre los imputados de los cargos graves de asesinatos colectivos y actos de terrorismo, CPDH “Madeline Lagadec” y CRISTOSAL señalan al Alto Mando militar de esa década: Guillermo García, como ministro de la Defensa; Rafael Flores Lima, jefe del Estado Mayor; Antonio Méndez del BIRI Belloso; Sigfredo Ochoa Pérez, comandante del DM-2; y Adalberto Landaverde, comandante de la Brigada de Artillería.

“El proceso judicial se está ventilando con el Código Penal de 1973, que estaba vigente cuando abrieron el proceso por primera vez, en 1992, luego de firmados los Acuerdos de Paz (enero 1992). Es un caso que tiene una sólida prueba testimonial, porque una docena de sobrevivientes, que eran testigos de vistas y oídas de estos asesinatos, declararon en el tribunal. Y algunas de las víctimas que fueron lesionadas fueron registradas por el Instituto de Medicina Legal en ese año”, aclaró.

No obstante, el caso de la Masacre El Calabozo fue afectado por la Ley de Amnistía (1993) y el sistema judicial lo archivó. Las víctimas realizan un nuevo intento en el año 2007, pero es rechazada y pasa casi diez años bloqueada. Luego, derogada la Ley de Amnistía y una sentencia de amparo, dada por la Sala de lo Constitucional (CSJ) para que continuara la investigación del caso, dan un aliento de esperanza a las víctimas sobrevivientes.

Mientras, el juez de Primera Instancia en funciones de San Sebastián, San Vicente, Joaquín Humberto Padilla, informó que las diligencias de exhumación tenían el propósito de verificar lo que existe dentro de la fosa y las declaraciones de los testigos que aseguran que aconteció la masacre y el enterramiento de restos óseos de seis personas que eran sus familiares. “La Fiscalía General de la República ha solicitado la exhumación de estos restos y verificar si corresponden a las personas, que la víctima sobreviviente ha dicho que pertenecen. Por el momento es prematuro establecer algo en concreto, solo se está removiendo tierra, clasificando los restos encontrados y midiendo el lugar, entonces es imposible en este momento deducir de quiénes se tratan de esas víctimas, solo puedo decir que estamos en una etapa de recolección de evidencias y no podría decirle qué seguirá después, pero en todo caso continuará la etapa de investigación y recolección de pruebas”, reafirmó.

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