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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Teniendo en cuenta que el sector agropecuario del país es uno de los más desprotegidos durante la pandemia del COVID-19, la Asamblea Legislativa superó el veto presidencial a la ley que otorgaba beneficios a este sector.
La Ley Especial Transitoria de Medidas al Sector Agropecuario para garantizar la Seguridad Alimentaria ante la Emergencia Nacional y efectos de la misma por la pandemia del COVID-19 otorgaba créditos a agricultores a una tasa de interés menor al 5 %, además de prórroga al pago de deudas por tres meses.
“Es lamentable y condenable que se vete una ley como esta que lo que busca es establecer condiciones para que el sector agropecuario salga adelante, estamos en el período de siembra en que se producen los alimentos y con la decisión condenamos al sector a que no produzca sus propios alimentos”, dijo Audelia López, diputada del FMLN.
La legisladora consideró que el sector agropecuario mediante su producción no solo se beneficia a sí mismo, sino que garantiza que los alimentos lleguen a la mesa de todos los hogares salvadoreños, y por ello es importante apoyarlo.
Una de las medidas contenidas en la ley es la suspensión de pago de capital e intereses a productores ya sean personas naturales o jurídicas, así también se establece una prórroga por tres meses a cooperativas agropecuarias que tienen deudas con el sistema financiero ya sea banca privada o estatal. El marco normativo ratificado por la Asamblea Legislativa mediante 59 votos a favor de los diputados presentes en pleno expone que las cuotas no canceladas por la emergencia deberán saldarse en un plazo de seis meses.
Más tarde, Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa procedió a cerrar la sesión ordinaria de trabajo para convocar a una nueva reunión de carácter extraordinario, así discutir como punto único la prórroga de las Disposición Transitoria para la Ampliación de Plazos Judiciales y Administrativos en el Marco de la Pandemia por COVID-19. “Si no se daba esta prórroga los empleados de los centros judiciales tenían que regresar al trabajo a efectuar audiencias, esto tiene que ver con vencimiento de plazos, la posibilidad de libertad para algunos imputados, además de la extensión para la vigencia del DUI”, sostuvo Cristina Cornejo, diputada del FMLN.
Con la ampliación de los plazos judiciales y administrativos por ocho días más, los diputados también habilitaron al Instituto de Acceso a la Información Pública para ejercer sus funciones.
