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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Asamblea Legislativa aprobó la noche de este martes la Ley Especial para la Reestructuración Municipal con la cual, se reduce el número de municipios de 262 a 44. Los ahora municipios pasarán a ser distritos, los cuales conforman nuevos municipios que tendrán el nombre del departamento, pero con el distintivo; Centro, Este, Oeste, Sur o Norte.
En el dictamen se mencionó que “la referida ley surge de la imperiosa e impostergable necesidad de reorganizar la estructura municipal del Estado, mediante la reducción del número de municipios de cada uno de los catorce departamentos del país, que en su mayoría se convertirán en distritos y serán parte de cuarenta y cuatro municipios que poseen una infraestructura económica, tributaria y administrativa más robusta, con el objeto de que estos puedan contribuir al desarrollo de los territorios que se han visto menos favorecidos a lo largo de los años con la actual organización territorial, a fin de coadyuvar en su crecimiento, respetando la identidad histórica, socio-humana, y las tradiciones culturales, sociales y religiosas de los que ahora pasarán a ser distritos, así como todas aquellas características propias de cada región que permitan que todas las personas que habitan en dichos territorios, continúen conservando su propia identidad religiosa, social, comunitaria y sus usos y costumbres”. Los parlamentarios argumentaron en el dictamen que la ley encausa a los municipios a su verdadera razón de existencia, que es “la atención de servicios eficientes y eficaces a la población, la modernización del Estado, mayor inversión en obras y servicios de calidad, menos burocracia, eficacia en la administración, gobiernos municipales robustos, combate a la corrupción, planificación para el desarrollo, mejores servicios y ahorros en gasto el público”.
La diputada por el partido VAMOS, Claudia Ortiz, dijo que la gente observa el momento en el que se mete esa propuesta, “la cual es de forma apresurada”.
“Todos estos síntomas y también los discursos altamente políticos y propagandístico de los diferentes funcionarios que han desfilado y que a veces ni los dejan hablar a los diputados porque ellos les están diciendo que es lo que tienen que decir en la comisión, nos está mostrando que esta reforma tiene una intención estrictamente electoral, porque si bien podría ser que reducir municipios hiciera más eficiente la administración pública municipal, eso sucedería si hay otras condiciones que se reunieran, como, por ejemplo, mayor transparencia, mayor capacidad de gestión pública, más participación ciudadana, dinamización de las economías locales. De 10 cosas que hay que hacer, solo están haciendo una y la están haciendo mal”, comentó Ortiz.
Para la parlamentaria la ley es una clara intención de seguir “desequilibrando la cancha de la contienda electoral y de querer acumular más poder y más recursos”.
La diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, por tratar de defender la postura oficial, se enredó en sus declaraciones: “Los 14 departamentos van a seguir extiendo, los municipios ya no se llaman municipios, van a ser 262 municipios y se crean 44 municipios más”, dijo. Lo que quiso dar a entender es que los 262 municipios actualmente existentes pasarán a ser distritos.
Por su parte, el jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra señaló una serie de inconsistencias que contuvo el proyecto de distribución territorial el cual se aprobó anoche y que sufrió modificaciones.
“Se pudo notar como no existe realmente ningún estudio que ampare esta reestructuración, sobre todo, porque hicieron cambios de última hora que no tienen ningún criterio técnico”, destacó Portillo Cuadra.
El parlamentario destacó que en la ley quedó establecido que el dinero que se recaude en las municipalidades se debe mandar al Ministerio de Hacienda y será este que lo mandará al municipio. “De acuerdo a la Constitución, eso se violentaría porque existe autonomía de los municipios en el manejo del dinero, no puede entrar al erario público, sino que tiene que entrarle de una sola vez a los municipios”.
El diputado por Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, consideró como “irresponsable” realizar la reducción de municipios sin un censo actualizado y utilizar para ello los datos del censo de 2007.
“Un punto que me parece muy relevante es el hecho de que se reorganiza el territorio”, tomando en cuenta que la Constitución de la República establece que “lo más fundamental” tiene que ver con la población y el número de habitantes en un territorio, “y se está basando el proyecto en un censo del año 2007, estamos en el año 2023; me parece irresponsable fundamentar este trascendental cambio sin contar con un censo actual”, enfatizó Sol.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sostuvo que “el sistema anterior no nos trajo ningún resultado positivo como país. Esperamos que esta reagrupación de los municipios, que pasarán a ser distritos, sea más viable y traiga beneficios a la población”.
Préstamo
Con 66 votos a favor, la Asamblea Legislativa autorizó al Gobierno suscribir un contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) denominado “Programa para la Transformación del Clima de Negocios de El Salvador a través de la Facilitación del Comercio e Inversiones”.
La suscripción de dicho contrato de préstamo es por un monto de hasta $75 millones, lo que permitirá al Gobierno “disponer de los recursos necesarios para la creación de un entorno de negocios atractivo para el sector privado que facilite el comercio, la expansión de las inversiones y la generación de empleos en El Salvador”. Los fondos serán distribuidos en cuatro componentes principales, entre ellos: la implementación de Aduanas Inteligentes, que comprenden el mejoramiento de la infraestructura de diversos puestos aduaneros del país, así como la adquisición y actualización de sistemas inteligentes con miras a la facilitación para la integración futura en el esquema de unión aduanera.
Con estos recursos se prevé intervenir los centros aduaneros de La Hachadura, Las Chinamas, San Cristóbal y el puesto aduanero de San Bartolo. Esto permitirá “reducir los costos y tiempos” de logística y transporte para facilitar el comercio por vía terrestre hacia otros países de Centroamérica.
Además, con este programa se apostará a la simplificación y digitalización de trámites en las instituciones públicas, “reduciendo la burocracia y mejorando los servicios”. Serán 18 instituciones públicas las beneficiadas.
