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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Asamblea Legislativa aprobó ayer una quinta prórroga al Régimen de Excepción a petición del Ejecutivo a pesar de que en horas de la mañana los familiares de personas detenidas injustamente pidieron el cese de esta herramienta estatal.
Funcionarios del Gabinete de Seguridad presentaron la iniciativa en horas de la tarde. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, enfatizó que casi alcanzan los 50 mil supuestos pandilleros que están detenidos, los cuales “no saldrán libres”. Además, se han incautado 1,310 armas de fuego, 1,551 vehículos, y más de $1.1 millón confiscado.
El diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Guillermo Gallegos, sostuvo que aprobar la prórroga era “necesario”, ya que el día viernes vencía el actual, “si no lo hacemos este martes quedaría el país sin este escudo protector de los ciudadanos ante los ataques de los pandilleros. Creo que sigue siendo urgente e indispensable para el país que esto pueda seguir prologando”.
Opinión que no es compartida por los diputados de oposición, ya que consideran que el Régimen de Excepción violenta los derechos humanos.
“Si el Gobierno quiere combatir el crimen organizado, debe hacerlo bajo el debido proceso y respetando los derechos humanos. Por lo tanto, nosotros no podemos concurrir con nuestros votos por una prórroga más de un Régimen de Excepción”, comentó el jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra.
Según el legislador, la prórroga del Régimen de Excepción “le hace más daño al Gobierno en vez de darle beneficios”, ya que “ninguna institución financiera quiere prestar servicios a un Estado que no respeta el debido proceso y vulnera los DDHH”.
El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, comentó que la prolongación fue “una acción predecible”, ya que funcionarios de seguridad han avisado que el Régimen de Excepción se mantendrá hasta que no haya un pandillero suelto. “Yo creo que es totalmente predecible que el Gobierno quiera continuar con esta política de seguridad que es extrema, que suspende derechos constitucionales y que hemos visto que se ha llevado a mucha gente inocente de encuentro”.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, agregó que el abuso del Estado se ha extendido a más población, “y el discurso oficial ahora, incluso, dice que todas las personas que han sido detenidas son pandilleros. Ahora, incluso, los funcionarios de esta administración dicen que los pastores, líderes de comunidades eclesiales tienen vínculos con estructuras del crimen organizado”, haciendo referencia a una declaración del vicepresidente Félix Ulloa donde afirmó que el 80% de los pastores tenían vínculos con pandillas.
La legisladora instó a la población a tener “cuidado”, porque cuando alguien diga una crítica, “los van a querer meter a todos en ese huacal, ya lo hacen con la oposición. De hoy en adelante será muy peligroso que cualquiera que opine en contra de este gobierno van a decir que es pandillero o que tienen vínculos con las pandillas cuando no es así”.
Según las cifras oficiales, se contabilizan aproximadamente 50 mil supuestos pandilleros detenidos. La herramienta estatal suspende la libertad de asociación, el derecho a defensa, a la inviolabilidad a las telecomunicaciones y amplía la detención administrativa de 3 a 15 días.
