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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Asamblea Legislativa prorrogó este miércoles el régimen de excepción por 30 días más, a pesar de que existen miles denuncias de capturas arbitrarias, abusos de poder y poca transparencia en la implementación. El Ejecutivo y el oficialismo han adoptado esta medida como permanente para combatir “frontalmente” a las pandillas, pero se ha llevado de encuentro a miles de personas inocentes.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, indicó que como Gobierno solicitaron la décima prórroga del régimen de excepción, ya que “ha demostrado con números y libertad que siente la población de moverse de un lado a otro”. Según el funcionario, el régimen de excepción ha dejado “un registro histórico desde los 201 años de ser República independiente, el año menos violento de la historia de este país”.
“Haber sustituido el régimen terrorista y de sangre que tenían los pandilleros sobre nuestras comunidades por el régimen de excepción ha sido lo mejor para los salvadoreños y cómo no, como pueblo, gobierno y Estado no continuar con esta medida. Sé que esto incomoda a varios personajes oscuros no solo a nacionales si no también internacionales”, destacó Villatoro en la conferencia de prensa en la Asamblea.
Villatoro indicó que el Estado salvadoreño mantiene un cierre “o esa incomunicación total” con todos los organismos internacionales “que pretenden venir a velar por los derechos de los criminales”; sin embargo, existen organismos internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch que muestran su preocupación por las personas capturadas que nada tienen que ver con pandillas y que han sido víctimas del Estado.
El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, sostuvo que los resultados de los últimos meses posicionan a El Salvador “como el país más seguro de américa latina, (pero) ahora las aspiraciones es superar al país más seguro del continente americano, que es Canadá; podemos logar una taza debajo de 2 homicidios por cada 100 mil habitantes”.
El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, consideró que “ahora, la población está realizando sus actividades tranquilamente, ya no son víctimas de extorsión y pueden emprender”.
Mientras que el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, afirmó que como órgano de Estado respaldan la medida del Ejecutivo. “Estamos iniciando el año con nuevas metas, proyecciones y objetivos. Como nueva Asamblea, le expresamos al pueblo nuestro compromiso de seguir trabajando para alcanzar el sueño de combatir a las pandillas y tener una verdadera paz”.
Diputados de oposición afirmaron que el régimen de excepción se presta para cometer abusos. Por ejemplo, el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, consideró que “el régimen de excepción nunca debió haber sido aprobado, y así como no lo apoyamos en un inicio y sus prórrogas sucesivas no lo haremos en esta ocasión. No creemos que la seguridad del país se garantice suspendiendo los derechos de los ciudadanos”.
El régimen de excepción ha dejado a más de 61 mil supuestos pandilleros capturados, 15 mil celulares incautados, 2,600 vehículos decomisados, más de 2 mil armas de fuego incautadas y 1.5 millones de dólares decomisados, pero también más de tres mil inocentes capturados.
