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Redacción Nacionales
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La Asamblea Legislativa aprobó anoche la trigésima octava prórroga al régimen de excepción, medida estatal que ha violentado los derechos humanos de miles de personas que nada tienen que ver con pandillas, según lo contrastan las organizaciones defensoras de derechos humanos a lo largo de estos 37 meses.
Vía modificación de agenda, el diputado jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, introdujo la pieza para prorrogar nuevamente, el régimen de excepción en todo el territorio nacional.
Fue el 27 de marzo de 2022 que la Asamblea Legislativa, a solicitud del Ejecutivo, implementó el régimen de excepción suspendiendo así algunos derechos fundamentales de la ciudadanía, como la libertad de asociación, la detención administrativa de 72 horas, la intervención de las telecomunicaciones y el ser informado de su detención y asistencia de un defensor.
En los decretos, se señala que el Gobierno necesita el régimen de excepción para seguir “en el combate frontal” con las pandillas. No se sabe hasta cuándo se dejará de utilizar el régimen de excepción, lo cierto, es que los funcionarios de la línea oficial aseguran que lo tendrán “hasta que el último pandillero esté tras las rejas”. sin importar que se violenten derechos humanos.
Según Socorro Jurídico Humanitario, a la fecha se tienen 393 víctimas mortales a causa del régimen de excepción en las cárceles de El Salvador, en su mayoría inocentes, es decir, personas que fueron capturados arbitrariamente por el régimen de excepción.
De hecho, en esta semana, organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales dijeron que habían recopilado varios testimonios de personas que estuvieron detenidas bajo el régimen para conocer la situación de DDHH en El Salvador, sobre todo dentro de los centros penales.
Reiteraron las torturas y malos tratos que dentro de las cárceles salvadoreñas se vive, esto solo refuerza las múltiples voces de las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Sin importar todo ello, los diputados del oficialismo aprobaron una vez más seguir con el régimen, a pesar de contar con un “plan control territorial”, un plan fuertemente publicitado por presuntamente reducir el número de homicidios a escala nacional.
