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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
La Asamblea Legislativa autorizó durante sesión plenaria ordinaria de este lunes la suscripción de un préstamo por hasta $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal, recursos que forman parte de los dos mil millones avalados por el congreso.
En el transcurso de la sesión plenaria, el órgano legislativo aprobó un segundo crédito por $50 millones con el BID, los fondos que se utilizarán en el financiamiento del Programa Respuesta Inmediata de la Salud para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su efecto en la Prestación de Servicios en El Salvador.
En otra decisión relacionada con los fondos para atender la pandemia del covid-19, los legisladores ratificaron un empréstito por $20 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) destinado a fortalecer los sistemas nacionales para la preparación en materia de salud pública.
El pleno legislativo, asimismo, avaló una reforma al Decreto Legislativo 608 que autorizó la colocación de títulos valores por $2 mil millones para sustituir a los miembros del sector privado que renunciaron al comité de seguimiento del uso de fondos para la emergencia por COVID-19 en el país.
Las instituciones y organizaciones renunciaron al comité aduciendo falta de transparencia debido a la resistencia del gobierno a entregar informes de gastos y tomarlos en cuenta en la creación del mecanismo para entrega del subsidio alimenticio por $300.
En este sentido, el congreso salvadoreño decidió se conforme el Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia y Recuperación Económica integrado por representantes de FUNDE, ICEFI, UES, UFG e Instituto de Auditores Internos.
Durante el desarrollo de la sesión de trabajo, el congreso salvadoreño también acordó la suspensión por 15 días más de los términos y plazos procesales en los procesos administrativos y judiciales en cualquier materia e instancia en la que se encuentren.
La suspensión incluye los plazos de celebración de audiencias de la jurisdicción penal común, especializada en materia penal y en sedes administrativas. Quedan excluidos de esta disposición los plazos previstos por la Constitución de la República para la detección administrativa, el término de inquirir y consecuentes, entre otras.
La medida se toma teniendo en cuenta la protección de los servidores públicos y población en general, frente a la actual situación sanitaria que atraviesa el país, además de la no afectación de derechos fundamentales.
En otro tema, la Asamblea Legislativa aprobó con 48 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones, la emisión de un comunicado en distintos medios en respuesta al Presidente de la República, a solicitud de que le sean devueltas las facultades que a su juicio le fueron retiradas mediante resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
