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Redacción Nacionales
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El oficialismo aprobó disposiciones especiales y transitorias para la ejecución, supervisión y administración de los recursos provenientes de dos contratos de préstamo por $150 millones y $120 millones que el Gobierno salvadoreño suscribió con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para financiar el Proyecto de Transporte e Infraestructura de El Salvador.
Según el oficialismo, el propósito de esos fondos «es mejorar la movilidad, seguridad vial y la resistencia de las obras públicas ante el cambio climático»; también «garantizar el cuidado del ambiente y el bienestar de las comunidades».
Al aprobar estas disposiciones, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tendrá las bases legales para desarrollar, firmar y gestionar todo lo relacionado con ambos empréstitos. Además, estará facultado para comprar terrenos, pagar compensaciones, entregar casas temporales y construir inmuebles permanentes para las familias que residen en las zonas de ejecución de obras viales, entre estas el bypass de Apopa.
De igual forma, se le autorizará al MOP donar al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) los terrenos y construcciones que adquiera y entregue gratuitamente a las familias seleccionadas, según el Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI), aprobado el 4 de agosto pasado.
El decreto señala que el plan cumple con las normas ambientales y sociales establecidas por el Banco Mundial, que rige las políticas del BIRF para el otorgamiento de préstamo, especialmente las que regulan los procesos de compra de tierras y realojamiento. Para este proceso, el FONAVIPO registrará estos inmuebles en su inventario y realizará los movimientos contables según el valor de las propiedades que determine el MOP. Las disposiciones también señalan que las familias que reciban una propiedad, como parte del Plan de Reasentamiento Involuntario, no podrán venderla, hipotecarla ni transferirla de ninguna forma en los primeros 20 años tras recibir la escritura.
Asimismo, quedará establecido que los proyectos de vivienda del PRI serán de “interés social”. Por ello, el trámite para inscribir las propiedades entregadas a las familias estará exento del pago de tasas registrales y catastrales. Adicionalmente, las normativas indican que el Ministerio de Hacienda realizará las operaciones presupuestarias y financieras para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos con el BIRF.
Es de recordar que el 9 de enero de 2024, la Asamblea Legislativa autorizó al Órgano Ejecutivo suscribir un contrato de préstamo por $150 millones con el BIRF, para financiar el Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente. Este fue firmado el 27 de febrero y luego ratificado el 9 de abril del mismo año. Mientras que el 11 de julio, también autorizó la contratación de un préstamo por $120 millones con la misma entidad para continuar con dicho proyecto y contribuir a dinamizar la economía, incluyendo obras en varias zonas del país, como el norte del Área Metropolitana de San Salvador. El MOP elaboró el Plan de Reasentamiento Involuntario como «un apoyo» a los sectores afectados por el traslado y con eso poder ejecutar el proyecto.
Exoneración de impuestos a medicamentos para pacientes con cáncer
Los diputados, con 57 votos, también eximieron al Ministerio de Salud (MINSAL) del pago de impuesto por la entrada al país de una donación de medicamentos para pacientes con cáncer del Hospital Nacional Especializado Rosales, que son de escasos recursos y no tienen acceso a tratamientos. Con ello, según se dijo, la institución no incurrirá en gastos de ningún tipo de tributo como los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), tarifas por servicios marítimos y portuarios, costos de bodegaje y manejo sobre la importación.
En mayo de 2019, el MINSAL firmó un convenio con The Max Foundation, una organización que apoya a pacientes de escasos recursos en todo el mundo que no pueden acceder a tratamientos contra el cáncer.
Como parte de este convenio, El Salvador recibirá un donativo de 500 cajas de Glivec FCT 400 mg y 465 cajas de Glivec FCT 100 mg. La exención no eliminará la supervisión que debe realizar el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGI), así como otros organismos del Gobierno que tengan competencia.
