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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Las diferentes organizaciones que conforman la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua presentaron su “Balance de la Gestión del Agua”, y un análisis sobre la implementación de la nueva Ley General de Recursos Hídricos”, aprobada por la Asamblea Legislativa.
Katherine García , integrante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, señaló, en el marco del primer año de la Ley General del Recurso Hídrico, un déficit en los deberes de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), dejando a la población sin garantía de su derecho humano de acceso al agua.
“Esta lucha social que como movimiento social nos tomó más de 15 años, observamos, en la actualidad con preocupación, como miles de comunidades siguen viviendo la problemática de la gestión del agua en sus territorios, son problema vigentes”, dijo.
“Incluso, comunidades y zonas históricas que han contado con acceso al agua de forma regular se han visto con una baja en el suministro y la falta administrativa por la actual institución pública que es ahora la Autoridad Salvadoreña del Agua”, sostuvo García.
Sobre la problemática del acceso al agua, García, agregó, que la evaluación que realizaron como Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, el acceso a este recurso continúa como “punto medular” de las demandas sociales de la población en comunidades y ciudades del país.
“A un año de ser pública esta normativa, estamos comprobando que no ha sido totalmente como la pintaron en redes sociales o en sus páginas web y en toda esa campaña de expectación que creó el Ministerio de Medio Ambiente, o la que creó la Comisión Legislativa de Medio Ambiente y Cambio Climático en la Asamblea Legislativa y el gobierno en su totalidad”, comentó García.
García manifestó que los “Organismos Zonales de Cuenca” aún no están instalados y. por lo tanto, los representantes de estos no están presentes en la junta directiva de la ASA. Y al no estar representados demuestra que el ente gubernamental no tenía presencia a nivel territorial como la misma ley, dispone para la ASA.
“No se cuenta con un plan ni política hídrica, pese a que la normativa ya está en vigencia, retomando como lo hicieron los gobiernos anteriores, pero con la nueva normativa, se tiene que redactar algo más actualizado y que también esté acorde a la coyuntura y la problemática del agua en el país”, sostuvo.
“No se cuenta con planificación hídrica, y no se cuenta con información que indique la actualización o planificación, entonces la ASA, debe generar un documento nuevo y, casi a un año de la aprobación esto tendría que haber sido presentado en un documento claro, público y transparente”, reiteró.
Mientras, Amalia López, integrante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, lamentó las últimas declaraciones en medios de comunicación de Jorge Castaneda, presidente de la ASA, quien ha comenzado, junto a algunos miembros de la entidad, a revisar las primeras solicitudes de permiso para uso y exploración de agua en el territorio.
Foto Diario Co Latino /Gloria Orellana
“Pareciera (que el presidente de la ASA) está solo tomando decisiones, porque no conocemos a totalidad de todos los integrantes (de la junta directiva) en este momento. Eso preocupa porque es el ente que deberá tomar decisiones estratégicas sobre el agua del país”, manifestó.
“Y parece que este funcionario lo que anda haciendo es proselitismo y no realizando su trabajo como conformar los Organismos Zonales de Cuenca. Preocupa también que mencionara que habrá depuración de miembros de Juntas de Aguas Comunitarias, cuando no han dejado claro, cuáles son los requisitos para que una Junta de Agua sea autorizada o registrada”, agregó López.
Asimismo, aclaró que la Ley General de Recursos Hídricos, en su artículo 41, relacionado a la integración y funcionamiento de las Juntas de Agua, exige que deben ser de carácter no lucrativo, que consideró López, una redacción muy confusa conceptualmente.
“Esa redacción de la ley no dice ¿quién define que no es lucrativo?, busqué y la ley no lo dice, a menos que se trate del concepto de ANDA, que tiene una definición del carácter no lucrativo de una organización comunitaria que sirve agua a la población”, indicó.
En materia de aguas transfronterizas, Wilman Hernández, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, dijo que era importante mencionar que pese a la reciente conformación del Comité de Gestión de Recursos de Agua Internacional, esta instancia no haya mostrado aún actividad sobre el contexto de la minería y el agua transnacional.
“El presidente de la ASA y algunos funcionarios que integran por ahora, la junta directiva han mostrado una actitud pasiva en cuanto a este tema. Es preocupante, si resaltamos la importancia de esta temática de aguas transfronterizas e inminente impacto de la operación del proyecto minero Cerro Blanco en Asunción Mita, Guatemala”, explicó.
“Esto significaría un gran impacto ambiental para El Salvador, porque somos un país con escasez de recurso hídrico y desde hace más de una décadas en estrés hídrico. También, tenemos mucha agua contaminada que no es apta para la población y viene este proyecto minero a impactar, entonces, se convierte en la gran amenaza contra la población”, reiteró Hernández.
El Salvador recibió solo para el presente año alrededor de 2,045 milímetros de lluvias, influenciado por el fenómeno de La Niña, y otros sistemas meteorológicos que procedieron del océano Atlántico y Pacífico, según el informe del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
No obstante, Luis González, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, consideró que la precariedad en el acceso al agua y saneamiento era una realidad que prevalece y, por lo tanto, un desafío importante para la ASA, garantizar el derecho humano al acceso al agua de la población salvadoreña. “Sin importar el porcentaje de lluvias en el país, que sabemos que son tres veces más que el promedio mundial pero lo interesante es definir “Cuánta será para el consumo humano?, porque si bien llueve bastante no toda se infiltra, somos el segundo país más deforestado del continente y de Centroamérica”, advirtió.
“Así que, sin importar que llueve copiosamente el agua corre no se infiltra y esto provoca inundaciones, entonces, el agua que si logra infiltrarse y pasa a los mantos acuíferos puede terminar en acceso al agua, pero debemos estar atentos si será para consumo humano porque hay que evaluar la calidad porque las aguas superficiales están contaminadas, entonces hay mucho que trabajar”, manifestó González.
Mientras, en materia jurídica el abogado ambientalista, afirmó, que el balance que realizan como Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, es negativo ante la ausencia del “reglamento interno” que de vida a la Ley General de Recursos Hídricos.
“Hasta ahora lo que se ha hecho público son lineamientos sobre los vertidos de aguas industriales, agroindustriales, entre otras, y una cantidad de parámetros que al menos en nuestra evaluación de la Alianza, todo esto se trata de un – copy page- (copiar y pegar) de reglamentos más antiguos de ANDA”, observó. “No se ha actualizado la Política y Plan para los Recursos Hídricos, que le mandata a la ASA, la ley General de Recursos Hídricos. Un segundo elemento son los caudales ecológicos, otro mandato de la Ley de Recursos Hídricos, que no se cumplió. Y la ausencia del registro de las lluvias, cuánta lluvia se infiltra, cuáles serán sus usos -lo digo- porque son los principales requisitos para dar permisos de uso de agua”, reiteró González.
Bonzáles criticó la decisión del presidente de la ASA, al comentar públicamente que han “comenzado a dar permisos para el uso del agua”, sin cumplir requisitos primordiales como la conformación total de la junta directiva, para avalar de forma consensuada estas autorizaciones para la explotación del recurso hídrico nacional.
“La junta directiva de la Autoridad Salvadoreña del Agua no está completa sin un representante de la sociedad civil, y por cada uno de los Organismos Zonales de Cuenca, si se busca cumplir la ley, y así tomar decisiones colectivas y debatidas”, expresó. “Porque si no es así, la -lecturas que hemos hecho como abogados- en la Alianza, serían decisiones nulas porque sería como una asamblea legislativa, en donde solo un 70% toma las decisiones y el otro 30% son ignorados, eso no es democracia. Entonces, el llamado es conforme totalmente la junta directiva a y si alguien no llega, a la reunión, pues se toma la decisión por mayoría eso es lo legal”, puntualizó González.
