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Por Yemeli Ortega
México/AFP
Dos presidentes municipales de México, drugstore ambos del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), fueron arrestados el martes por supuestamente enriquecerse con recursos ilícitos, y uno de ellos -que buscaba convertirse en gobernador en las próximas elecciones- fue acusado de pertenecer al crimen organizado.
José Ricardo Gallardo, presidente municipal con licencia de Soledad de Graciano Sánchez, en el estado de San Luis Potosí (norte), fue arrestado «por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita», dijo Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la fiscalía general.
«De octubre del 2012 a agosto de 2014 se detectaron transferencias ilegales desde las cuentas del municipio por un monto de más de 200 millones de pesos (más de 13 millones de dólares)», precisó el funcionario.
Este dinero, «presumiblemente con origen ilícito», era transferido desde las cuentas del municipio por el concepto de «servicios médicos» hacia las cuentas de la Clínica de Especialidades Wong, que a su vez transfería los recursos a empresas en las que Gallardo posee una participación accionaria mayoritaria, indicó Zerón.
Estas empresas operaban en sectores muy variados, desde la distribución de carne hasta el sector inmobiliario, pasando por el rubro automotriz, de transporte, eventos sociales y hasta una gasolinera.
Además, las autoridades detectaron que Gallardo es accionista de empresas de Estados Unidos, por lo que están investigándolas.
Gallardo presentó licencia como presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez el 2 de enero para competir por la precandidatura del PRD a gobernador de San Luis Potosí en las elecciones del 7 de junio, en las que se elegirán a legisladores así como gobernantes locales.
Por otro lado, en Michoacán (oeste), el mismo martes fue arrestado el presidente municipal de Charapan, Vicente Pacheco, «por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito», indicó la fiscalía local.
Durante su mandato, Pacheco presentó un aumento en su patrimonio -coches, autobuses y camiones de volteo- que «fue considerado desproporcional a lo que pudiese percibir con motivo de su función», añadió la institución.
En el convulso Michoacán, civiles se levantaron en armas durante más de un año -entre 2013 y 2014- al sentirse desprotegidos ante los cárteles de narcotraficantes que se disputan el territorio y cometen extorsiones contra los ciudadanos bajo la protección de algunas autoridades locales.
La corrupción entre las autoridades mexicanas y su colusión con el crimen organizado, se puso aún más de manifiesto a raíz de la desaparición y presumible masacre de 43 estudiantes en Iguala (Guerrero, sur), tras un ataque armado en septiembre pasado de policías locales y narcotraficantes que fue supuestamente ordenado por el presidente municipal, José Luis Abarca.
Este crimen desató la peor crisis de la presidencia de Enrique Peña Nieto, pero también ha fragilizado al PRD, al que pertenece Abarca – detenido – y Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero en el momento del crimen que tuvo que dejar el cargo.
El líder moral y fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, renunció a finales de noviembre.
Ciudadanos y movimientos que se solidarizaron con la causa de los estudiantes de Guerrero encabezan frecuentes protestas en las que piden la renuncia de Peña Nieto y la cancelación de las próximas elecciones en ese estado.
