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Redacción Nacionales
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El diputado de ARENA, Francisco Lira, cuestionó a la directora del CENTA, Odette Varela, sobre la falta de resultados y mecanismos de transparencia en las reformas a la Ley Especial para combatir la inflación de insumos agropecuarios, mientras la funcionaria defendió que las modificaciones buscan ampliar el alcance de Agrocenta y fortalecer el apoyo a pequeños productores.
Es de recordar que las disposiciones fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa en junio de 2022, como una medida para enfrentar el incremento en los precios de los insumos agropecuarios y garantizar su disponibilidad. CENTA, según dijo su directora, atiende entre 35 mil a 50 mil agricultores.
Sobre el tema, el diputado tricolor recordó que esta es la segunda reforma que se hace a la normativa, ya que la primera se hizo en octubre de 2023 para fijar los precios de venta de los productos para el consumo nacional.
“Esta ley especial se creó hace varios años, se hizo una modificación. ¿Cuál es el resultado que se ha tenido?, porque ya con esta sería la segunda modificación que se hace. A simple vista, yo le puedo decir que en los recorridos que se hacen en La Libertad, Ahuachapán, Cuscatlán y La Unión no se ven ningún resultado. Es importante que lo pueda aclarar; esta ley buscaba, como usted decía, apoyar a los productores agrícolas, ¿qué ha cambiado en la realidad de esos 45 mil productores agrícolas que han beneficiado? Porque la producción nacional sigue bajando y la importación sigue creciendo”, cuestionó Lira.
La directora respondió que “prácticamente los graduamos”, ya que dejaron a esas personas “muy bien formadas”. “Esta gente ha salido de una agricultura de subsistencia a una agricultura sostenible”, agregó.
Las reformas que ahora propone el Gobierno, según se informó en la instancia legislativa, buscan ampliar su alcance y las facultades del CENTA, de manera que esta institución pueda facilitar al sector agropecuario el acceso a insumos, semillas, granos básicos, maquinaria y otros bienes necesarios para la producción.
“Nosotros proveemos de insumos agrícolas, fertilizantes específicamente a un costo considerablemente más bajo que en el mercado y estamos enfocados en los pequeños productores. Esta solicitud viene a ampliar el espectro de lo que ya hace Agrocenta. Hoy por hoy, vendemos solamente un cierto número de fertilizantes. Hemos crecido, hemos pasado de 4 salas de venta a 10 y vemos la afluencia del pequeño productor con mucha necesidad a Agrocenta” destacó Varela.
Según la funcionaria, las reformas a la normativa permitirán ampliar el alcance de Agrocenta para ofrecer, además de fertilizantes, otros productos y herramientas que respondan a las necesidades de los productores.
Entre las nuevas opciones se contempla, según dijo, la comercialización de semillas certificadas desarrolladas por el CENTA, aprovechando el trabajo de investigación que realiza la institución en cultivos como maíz, frijol, arroz y sorgo, las cuales, se comercializarán a precios más accesibles.
Asimismo, sostuvo que las reformas permitirían incorporar el servicio de pequeña maquinaria agrícola para facilitar las labores del productor y hacer más eficientes actividades como la siembra.
Las modificaciones a las disposiciones permitirían que la institución pueda actuar ante situaciones de desabastecimiento, emergencias, afectaciones a la producción o cambios extraordinarios en los precios de los mercados.
Además, establece que tendría autorización para adquirir, importar, producir, almacenar, distribuir y comercializar insumos agropecuarios, semillas, granos básicos, maquinaria y equipos de trabajo, así como la prestación o contratación de servicios vinculados a la actividad agropecuaria.
Estas facultades se podrán realizar por medio de compra directa a proveedores nacionales o extranjeros con el aval de la junta directiva, pero se excluyen de la Ley de Compras Públicas.
Al respecto, Lira preguntó sobre los mecanismos a utilizar para que se garantice la competencia, las auditorías y la rendición de cuentas, ya que se excluye de la Ley de Compras Públicas.
“Ya lo hemos vivido en otros proyectos como este, cuando existía la CICIES y estuvo el tema de pandemia, hubo varios casos (de corrupción) cuando se saltaron el tema de compras públicas. ¿Qué mecanismos tiene para garantizar que esto haya a tener esos controles necesarios?”, cuestionó.
Odette Varela respondió que el Agrocenta funciona desde 2022 y cuenta con un instructivo de adquisiciones desde 2023. “Nosotros sí somos auditados, fiscalizados y rendimos cuentas”, dijo.
Sin embargo, el diputado planteó que, en la Ley, se menciona que no se utilizaría, por lo que nuevamente cuestionó el mecanismo a utilizar.
Ante la insistencia, la asesora legal del CENTA, Miriam Henríquez, tomó la palabra en la comisión y le respondió que el CENTA sí se excluye de la LCP debido al “dinamismo” que se requieren, pero la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC) es la que determina que se deben emitir una normativa interna para realizar los procesos de compra, los cuales deben cumplir con los principios de transparencia, competencia y otros, y añadió que son auditados por la Corte de Cuentas de la República (CCR).
La propuesta indica que la institución podría crear y administrar reservas estratégicas de productos agrícolas para contar con existencias disponibles cuando sean necesarias.
Asimismo, permitiría al CENTA utilizar sus propias instalaciones o contratar servicios para conservar, manejar, distribuir y comercializar los productos. Para estas tareas podría coordinarse con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y otras instituciones públicas.
También se facultará a la institución para que pueda gestionar financiamiento con bancos nacionales y obtener recursos de otras fuentes, tanto nacionales como internacionales. Sobre esto ningún diputado se pronunció, tampoco lo hizo la directora del CENTA.
Estos fondos servirían para financiar las actividades relacionadas con el abastecimiento agropecuario y para fortalecer al CENTA, incluyendo la compra de maquinaria y equipo, mejoras en infraestructura y contratación de personal cuando sea necesario.
Lira propuso que, en la reforma, se incluya la promoción de la producción nacional, pues en las reformas habla de realizar importaciones. A lo que la directora del CENTA respondió que para tener una producción fortalecida en granos básicos se necesita de entre 2 a 6 años.
Varela ejemplificó que, en la producción de maíz, para generar una semilla parental con sus investigaciones, híbridos y cruces puede tardar hasta 6 años.
“Para trabajar con parentales establecidos se necesita más o menos dos años para establecer parentales y darlos a los productores para que tengan semilla certificada. Mientras tanto, ¿cómo yo voy a asegurar la comida dentro del país? En algún punto deberé recurrir a una importación, en lo que estoy formándome completamente con semilla certificada dentro del país”, agregó.
