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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Esa fue la afirmación de Lorena Peña, diputada del FMLN, ayer, luego de la reunión que la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto desarrolló en simultáneo a la Sesión Plenaria número 96 de la Asamblea Legislativa.
La convocatoria de la Comisión respondía a la discusión del préstamo para prevención y mitigación de desastres por un valor de 48.5 millones, el cual sería otorgado por la Agencia de Cooperación de la República de Japón (JICA). Según la diputada, con este financiamiento se pretendía tener un fondo de emergencia para hacer frente a cualquier eventualidad en materia de fenómenos naturales evaluando la vulnerabilidad que presenta el país hacia este tipo de desastres.
“El crédito contingente para desastres es un monto que no se utilizará hasta que, de acuerdo con la Constitución de la República y la Ley de Desastres se decrete una emergencia y sea ratificada por la Asamblea Legislativa”, indico Peña.
La diputada se mostró preocupada debido a que la temporada en que más fenómenos naturales se registran en el país ya está próxima y el gobierno debe tener fondos para procurar la seguridad de la población.
“Tenemos ya la temporada ciclónica sobre el país, además hace unas semanas hemos sufrido enjambres sísmicos y situaciones difíciles tanto por temblores como por lluvias, entonces, vino a la comisión la embajada de Japón para explicar en qué consistía el financiamiento para poder hacer frente a todas las necesidades que se presenten”, expresó Peña.
La legisladora también informó que ya había un acuerdo para aprobar estos fondos pero el partido ARENA cambió de opinión de última hora.
“Este día ARENA dice que si no aprobamos una reforma electoral no da los votos para este préstamo, es muy triste que ellos quieran sacar una tajada electoral del tema de los desastres y desgraciadamente quedan muy al desnudo porque están jugando con emergencias que significan pérdida de vidas en algunos casos”, dijo la diputada oficialista.
La reforma a la que peña se refiere es una iniciativa propuesta por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se castigue el transfuguismo político.
La iniciativa de los magistrados consiste en que cualquier funcionario que ocupe un cargo como diputado, alcalde o concejal que renuncie al partido que lo llevó a ocupar ese puesto y pase a formar parte de otro instituto político sea inhabilitado para participar en las próximas elecciones y además se le imponga una multa de hasta doce salarios mínimos.
Norma Guevara, presidenta de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, llamó a reunión a los miembros de la misma para tratar de llegar a un cuerdo en este tema en aras de garantizar un dictamen favorable hacia el préstamo para desastres. Al final de la sesión no tuvieron los resultados deseados ya que los demás partidos planteaban que se aprobara la medida y que las sanciones partieran desde el día de su aprobación en delante, mientras que el partido ARENA quería que la medida fuera retroactiva, es decir, que afectara a quienes se habían salido de sus partidos de origen desde el año 2015. Con esto el partido de oposición volvió a aplicar su estrategia de ahogo financiero hacia el gobierno dañando directamente a la población afectada por los fenómenos naturales en el país.
