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Alexander Pineda
@Alex92DCL
El denominado Grupo Gestor, para la aprobación de una normativa especial de atención y protección a víctimas de desplazamiento forzado interno, presentó ayer, en la Asamblea Legislativa, un escrito por medio del cual externó su apoyo técnico para la creación de la legislación pertinente en materia de atención y protección a los millares de salvadoreños desplazados forzosamente por la violencia.
El Grupo Gestor, constituido por más de una veintena de instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, incluyó en el documento, los estándares mínimos que deben estar contemplados en el marco normativo, que atienda y proteja a las personas en situación o riesgo de desplazamiento forzado interno.
“Buscamos que esta sea una legislación integral, que proteja a las víctimas del desplazamiento forzado, que lo prevenga y que establezca mecanismos interinstitucionales de protección, el Grupo Gestor se conforma para apoyar a la Asamblea Legislativa, emitiendo opiniones técnicas acerca del tema con múltiples enfoques, de derechos humanos, de género, de niñez”, puntualizó Zaira Navas, directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA).
Por su parte, Johanna Ramírez, representante del Servicio Social Pasionista (SSPAS), destacó que la ley a la que se le pretende dar existencia, responde a la sentencia de amparo 411-2017 emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitida en julio de 2018.
La sentencia, mandata a la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, a reconocer la existencia del fenómeno del desplazamiento forzado interno y de sus víctimas, así como de tomar acciones en favor de prevenir y combatir el flagelo. La Sala de lo Constitucional, dio un plazo de seis meses para el acato de la sentencia, los que ya se cumplieron. El ministro de seguridad pública y justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, explicó que hay tres propuestas de ley que ya han sido presentadas a la comisión de legislación y puntos constitucionales, una de la sociedad civil, presentada por la organización Cristosal y dos más del Estado, provenientes de la comisión coordinadora del sector justicia y del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.
En lo que coinciden las iniciativas presentadas, dijo Ramírez Landaverde, es que “no solo deben haber acciones de respuesta inmediata, sino también de prevención, de asistencia prolongada y dar soluciones duraderas, es decir, acciones del Estado que restituyan los derechos de las personas desplazadas de manera forzada por la violencia”. La ley, afirmó el titular de la cartera de seguridad, tendrá por objetivo fijar con precisión el cometimiento del ilícito que atenta contra la libertad, cuantificar a los afectados y delegar a las instituciones que otorgarán la asistencia de carácter integral a las víctimas.
Desde el año 2016, el Código Penal, tipifica el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación, figura bajo la cual, han sido capturadas hasta el primer trimestre de este año más de 800 personas, según detalló Ramírez Landaverde.
