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“El mandato de la PDDH no sólo le autoriza, sino que obliga a actuar de manera firme, independiente, proactiva y sin alinearse a posiciones que puedan comprometer su función de control”
Redacción Nacionales
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La directora Regional de Amnistía Internacional, Ana Piquer, envió una carta a la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero, en la que muestra su preocupación por el actuar de la institución en el caso de la abogada Ruth López, detenida arbitrariamente desde el 18 de mayo de 2025.
“A 200 días de la detención arbitraria de la abogada y defensora Ruth López exigimos a la Procuradora de DDHH, Raquel Caballero, que cumpla el mandato y proteja su integridad, ejercer plenamente las facultades constitucionales de verificación y supervisión, mediante visitas regulares y rigurosas a López, documentando su estado de salud, condiciones de detención y acceso a su defensa”, reza la carta.
Asimismo, Piquer pidió a la titular de la PDDH emitir pronunciamientos institucionales con enfoque de protección, evitando expresiones o valoraciones que puedan interpretarse como minimización del riesgo o deslegitimación de denuncias. Este caso emblemático pone en relieve la importancia de contar con instituciones nacionales de derechos humanos fuertes, independientes y centradas en la dignidad humana, dice la misiva.
Amnistía Internacional hizo un llamado para que la PDDH actúe con independencia y autonomía, sin alinearse a posiciones que puedan comprometer su función de control, frente a posibles violaciones cometidas por agentes estatales, así como garantizar transparencia y rendición de cuentas sobre las actuaciones de la institución en el caso, incluyendo metodologías de verificación y hallazgos relevantes.
“La PDDH tiene un rol crucial como garantía interna de supervisión civil frente a prácticas que puedan vulnerar derechos fundamentales, llamamos a usted y a la institución que dirige a re encauzar su actuación conforme a los más altos estándares internacionales, para fortalecer la protección de quienes defienden derechos humanos en El Salvador”, destacó la directora Regional de Amnistía Internacional.
A la vez, le recordó a Caballero que la Constitución de la República, así como los Principios de París y demás estándares internacionales sobre instituciones nacionales de derechos humanos, establecen que la PDDH debe actuar con independencia, imparcialidad, objetividad y enfoque de protección, especialmente frente a personas privadas de libertad o en contextos de posible vulneración de derechos.
“Queremos expresar nuestra seria preocupación porque la actuación pública de la institución a su cargo y, en particular, en relación con el caso de la abogada López, no refleja la diligencia, el enfoque de prevención, ni la centralidad de la víctima que exige su mandato constitucional”, señala en la carta.
La abogada y defensora de derechos humanos, Ruth López, fue reconocida por Amnistía Internacional como prisionera de conciencia, y preocupa la gravedad de los hechos y el riesgo para su seguridad y salud, pues se encuentra entre las personas que los estándares internacionales exigen una protección reforzada por parte de los mecanismos nacionales de derechos humanos.
“La verificación de condiciones de detención y la supervisión del trato a personas privadas de libertad constituyen facultades esenciales de la PDDH, estas deben ejercerse con un lenguaje institucional cuidadoso, libre de descalificaciones, sin minimizar riesgos y evitando cualquier percepción de cercanía con narrativas estatales que puedan poner en duda la independencia de su cargo”, externó Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional aseguró que el mandato de la PDDH no sólo le autoriza a Caballero, sino le obliga, a actuar de manera firme, independiente y proactiva, colocando en el centro el interés superior de la persona, cuyos derechos pueden estar comprometidos.
Recalcó que cuando existan indicios de riesgo para la integridad personal o de restricciones injustificadas al debido proceso, el Estado incluyendo sus instituciones de supervisión, debe activar mecanismos de alerta temprana y respuesta urgente, priorizando la prevención de daños irreparables.
Ruth López permanece privada de libertad desde el 18 de mayo de 2025, en un proceso marcado por la ausencia de garantías suficientes, denuncias de restricciones al acceso a su defensa y preocupaciones sobre su integridad.
En septiembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó a la abogada medidas cautelares a su favor, estableciendo obligaciones claras y directas para las autoridades salvadoreñas, particularmente en materia de acceso a abogados, comunicación con familiares y adecuada atención médica.
Amnistía Internacional enfatizó que la privación de libertad debe estar sujeta a un control judicial inmediato, efectivo e independiente, garantizando acceso a representación legal y comunicación con familiares, toda persona detenida tiene derecho a condiciones de encarcelamiento compatibles con la dignidad humana y a información transparente sobre su situación jurídica y ubicación.
