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Managua/AFP
Organizaciones de cuatro países de Centroamérica acordaron, en Managua, trabajar en la defensa de los derechos humanos y ambientales de las poblaciones que se ven afectadas por la explotación minera, con cooperación de una ONG alemana.
El compromiso fue asumido por 40 organizaciones de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, en el marco de un foro regional de dos días que inició en Managua sobre los «Impactos y desafíos de la minería metálica en América Central».
Se trata de «un proyecto regional donde estamos articulando acciones entre los cuatro países» para promover reformas legales y defender los derechos de las poblaciones frente a la actividad minera, afirmó a la AFP la oficial de minería del centro Humboldt Nicaragua, Heizel Torrez.
El proyecto es financiado por la organización no gubernamental alemana Iniciativa Cristiana Romero (ICR) que trabaja en la defensa de los derechos humanos de trabajadores centroamericanos.
El trabajo se apoyará en la experiencia de El Salvador, que en marzo se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una ley que prohíbe la minería metálica por los daños que causa al medio ambiente y la salud humana.
«Vemos con mucho interés la ley que aprobó El Salvador y eso es lo que planteamos que se haga en Guatemala», dijo a la AFP José Cruz, representante del «Colectivo Madre Selva».
Torrez afirmó que esa debería ser la lucha de todos los países donde operan las compañías mineras.
La industria minera cuenta con 1.118 concesiones en los cuatro países de la región, de acuerdo con informes de estas agrupaciones y cubren una extensa área territorial: 30% en Honduras, 10,05% en Nicaragua, casi 30% en Guatemala y 5,20% en El Salvador.
Las licitaciones están en manos de más de 10 empresas, principalmente extranjeras, aseguró Torrez.
Los ambientalistas aseguran que la actividad minera ha causado más daño que bienestar a las comunidades, entre ellas la contaminación de sus fuentes de agua.
Por ejemplo, en el municipio nicaragüense de Santo Domingo, donde opera la canadiense B2Gold, se han detectado altas concentraciones de aluminio en el agua, potencialmente dañinas para la salud, anotó Torrez.
En Guatemala «hemos documentado en la mina Marlin y en la mina San Rafael el aumento del contenido de arsénico en las aguas de las cuencas» de la zona, dijo por su lado el guatemalteco José Cruz.
En El Salvador la actividad minera contaminó el río San Sebastián.
