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Por: Luis Rafael Moreira Flores
@DiarioCoLatino
Organizaciones sindicales, movimientos sociales y entidades internacionales de derechos humanos han encendido las alarmas tras denunciar una escalada de hostigamiento policial e intentos de espionaje digital contra el abogado y defensor de derechos humanos salvadoreño Luis Rivera. El pronunciamiento, encabezado en el ámbito local por el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), cuenta con el respaldo de organismos globales como el Observatorio Regional de Derechos (ORD), el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), la fundación Lawyers for Lawyers y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados.
De acuerdo con la denuncia pública emitida este 14 de noviembre, los hechos más recientes ocurrieron el pasado 5 de noviembre, cuando Luis Rivera fue objeto de vigilancia policial directa en los alrededores de su domicilio, acompañada de intentos de intrusión y espionaje en sus dispositivos digitales. Para las organizaciones denunciantes, estos incidentes no constituyen hechos aislados, sino represalias directas por su labor jurídica en defensa de trabajadores de manera ilegal, sindicalistas, perseguidos políticos y ciudadanos capturados de forma arbitraria en el país.
La trayectoria reciente de Rivera lo ha colocado en la primera línea del litigio estratégico en El Salvador. Además de brindar asistencia técnica a víctimas del régimen de excepción, el jurista ha cuestionado públicamente la falta de independencia judicial y ha interpuesto diversas demandas de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional. Entre las acciones legales promovidas por el abogado destacan recursos contra la reelección presidencial indefinida, la aplicación de la Ley de Agentes Extranjeros y proyectos que implican la destrucción ambiental del Bosque El Espino.
Ante el deterioro de las garantías judiciales en el país, las entidades internacionales han emitido alertas urgentes condenando los patrones de vigilancia, seguimiento e intimidación contra profesionales del derecho. El OIAD, el ORD y Lawyers for Lawyers advirtieron sobre el elevado riesgo que enfrentan los litigantes salvadoreños de ser sometidos a detenciones arbitrarias por el simple ejercicio de su profesión. En el ámbito de las Naciones Unidas, la Relatora Especial Margaret Satterthwaite manifestó su preocupación oficial vinculando la situación de Rivera al expediente de comunicación AL SLV 8/2025, mediante el cual recordó al Estado salvadoreño su obligación ineludible de garantizar el libre ejercicio de la abogacía conforme a los Principios Básicos de la ONU.
El caso de Luis Rivera se suma a una serie de incidentes documentados durante el año 2026 contra otros profesionales del derecho que mantienen posturas críticas o defienden causas de derechos humanos. Según los registros de las organizaciones, el 25 de junio de 2026 el abogado Guillermo García fue víctima de actos de acoso por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en su lugar de residencia. De manera similar, el 12 de octubre de 2026, la abogada Roxana Cardona enfrentó episodios de hostigamiento policial frente a su vivienda.
Para el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, estas acciones forman parte de una política sistemática de persecución política impulsada bajo la vigencia prolongada del régimen de excepción, medida que supera ya los cuatro años de prórrogas continuas. Las organizaciones sindicales señalan que la suspensión de garantías constitucionales y el cierre de los espacios cívicos han generado un clima de indefensión para la ciudadanía y para quienes ejercen la contraloría social.
En su pronunciamiento, el MDCT aportó cifras sobre el impacto humanitario de estas medidas en el país, alertando que el régimen de excepción acumula más de 91,500 capturas efectuadas sin respeto al debido proceso ni a la presunción de inocencia. Asimismo, citando informes del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), denunciaron que más de 571 personas privadas de libertad han fallecido bajo custodia estatal en los centros penitenciarios sin haber recibido una condena judicial por los delitos que se les imputaban.
Sonia Viñerta, denuncia una amplia red de dirigentes sociales, defensores ambientales y sindicalistas que enfrentan procesos de criminalización, acoso o desplazamiento forzado. En el ámbito nacional, el movimiento señaló el hostigamiento continuo contra integrantes de sus filas como Silvia Navarrete, Morena Murillo y Félix López, así como contra los defensores de los territorios Tata Silverio Morales, Ángel Flores, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez. Paralelamente, exigieron garantías de retorno y seguridad para activistas que se han visto obligados a salir al exilio debido a amenazas contra su integridad, entre ellos Mónica Rodríguez, Ingrid Escobar, Iliana Lemus, Luis López, Ángel Mejía y Erick Zelaya, cuyo entorno familiar en el país continúa reportando vigilancia policial.
Como respuesta a esta situación, las organizaciones nacionales e internacionales presentaron un pliego de exigencias dirigido al Estado salvadoreño. En primer lugar, demandan el cumplimiento del principio de debida diligencia mediante una investigación imparcial, exhaustiva y transparente sobre los patrullajes policiales indebidos, el acoso y los intentos de espionaje digital sufridos por Luis Rivera.
Asimismo, las organizaciones exigió el cese inmediato de la criminalización contra quienes defienden derechos humanos y la liberación de diversos presos políticos, juristas y líderes sociales cuya detención consideran arbitraria. En la lista de demandas figuran la libertad inmediata de la abogada Ruth López, capturada el 18 de mayo de 2025 y recluida en el penal de Izalco a pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y del abogado constitucionalista Enrique Anaya, detenido en junio de 2025 tras cuestionar las reformas constitucionales y la concentración de poder.
Finalmente, el pronunciamiento reclama la excarcelación de los dirigentes sindicales Giovanni Aguirre, Misael Itamir Gómez y César Hernández; de Pepe Melara, Luisito Menjívar y otros miembros de la Alianza El Salvador en Paz; y del joven trabajador Félix López hijo, encarcelado en el contexto del régimen de excepción. Con la consigna de que defender derechos no constituye un delito, las organizaciones concluyeron reiterando su llamado a derogar el régimen de excepción y restablecer plenamente el Estado de derecho en El Salvador.
