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Redacción Nacionales
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En el marco de los 502 años de la invasión europea, el Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA) lanzó una alerta por lo que considera una nueva etapa de despojo territorial y deterioro ambiental en el país, relacionada con proyectos inmobiliarios, turísticos, energéticos y de infraestructura que, según la organización, amenazan los territorios de comunidades indígenas y campesinas.
En un comunicado divulgado este lunes, en el marco del Día Internacional de la Resistencia Indígena, que se retoma cada 12 de octubre, en contra posición al Día de la Raza, como lo celebra la historia oficial, el movimiento advirtió que las actuales políticas económicas y de infraestructura están profundizando los riesgos para los ecosistemas, el patrimonio arqueológico y las formas ancestrales de vida.
A 502 años de la invasión europea, MILPA sostuvo que los pueblos originarios continúan enfrentando exclusión y pérdida de sus territorios. Asimismo, relacionó la situación actual con episodios históricos de violencia, entre ellos la masacre de 1932, y calificó el avance de proyectos extractivos como una nueva forma de colonización.
La organización cuestionó que el desarrollo económico se impulse sin garantizar, a su juicio, la protección de la naturaleza y los derechos colectivos de las comunidades que habitan históricamente las zonas intervenidas.
Más de 64 comunidades bajo amenaza de desalojo
Uno de los principales señalamientos de MILPA es que más de 64 comunidades rurales y unas 12,000 familias enfrentan procesos judiciales de desalojo y criminalización, vinculados, según el movimiento, con intereses inmobiliarios y turísticos, principalmente en la zona central y la franja costera.
La organización advirtió que estos procedimientos ponen en riesgo la permanencia de familias campesinas e indígenas en territorios donde desarrollan sus actividades productivas, mantienen sus relaciones comunitarias y preservan sus tradiciones culturales.
Para el movimiento, la disputa por la tierra no se limita a la propiedad de los terrenos, sino que compromete la continuidad de las comunidades y sus formas ancestrales de subsistencia. Por ello, pidió detener las expropiaciones y los procesos judiciales de desalojo.
Cuestionan proyectos inmobiliarios y energéticos
Entre los casos señalados figura la urbanización Biarritz, que el movimiento vincula con daños ambientales y arqueológicos en la cuenca del río Grande de San Miguel. Según la denuncia, el proyecto amenaza el patrimonio natural y cultural del pueblo lenca.
MILPA también cuestionó las intervenciones en la finca Santa Adelaida, en Izalco, donde denunció tala de árboles y riesgos para zonas de recarga hídrica atribuidos a la empresa Volcano Energy.
De acuerdo con el pronunciamiento, el área estaría destinada a un parque fotovoltaico relacionado con actividades de minería de bitcoin. La organización cuestionó que proyectos presentados como energías verdes puedan ocasionar daños ambientales cuando implican la pérdida de cobertura forestal o afectan ecosistemas sensibles.
El movimiento también expresó preocupación por las posibles repercusiones en áreas vinculadas con reservas de la biosfera reconocidas por la UNESCO.
Los señalamientos plantean la necesidad de examinar los impactos ambientales de las iniciativas energéticas y garantizar la participación de las comunidades en las decisiones que puedan modificar sus territorios.
Turismo e infraestructura
MILPA incluyó entre sus preocupaciones los proyectos Surf City 1 y 2, así como la construcción del Aeropuerto del Pacífico en el oriente del país.
Según la organización, estas iniciativas han favorecido la privatización de playas, la depredación de más de 180 hectáreas de bosque tropical y el desplazamiento de comunidades cooperativistas, con consecuencias para la soberanía alimentaria.
El movimiento sostuvo que el crecimiento turístico y la construcción de infraestructura no deben realizarse a costa del acceso comunitario a los bienes naturales ni de la expulsión de poblaciones que consideran esos espacios parte de su historia.
Otro proyecto cuestionado es el relleno sanitario de San Francisco Angulo, en Tecoluca, San Vicente Sur. MILPA advirtió que su instalación amenaza las fuentes de agua y la salud de las comunidades cercanas.
Exigen protección de territorios ancestrales
La organización afirmó que la destrucción de bosques, la afectación de ríos y la transformación de espacios naturales también amenazan la identidad cultural y espiritual de los pueblos originarios. En ese contexto, mencionó el río Sensunapan como uno de los sitios sagrados cuya importancia trasciende su valor ambiental.
MILPA exigió al Estado y a las municipalidades detener los desalojos, suspender los megaproyectos que operen sin el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos afectados y ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
También pidió al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Ministerio de Cultura fortalecer la protección de la biodiversidad y del patrimonio arqueológico.
Finalmente, llamó a organismos internacionales y entidades de derechos humanos a mantener la atención sobre el país ante los conflictos territoriales denunciados.
Las acusaciones requieren contrastarse con las instituciones públicas, las empresas señaladas y los estudios ambientales correspondientes para establecer el alcance de los impactos y las condiciones legales de cada proyecto.
En su pronunciamiento, MILPA reivindicó la defensa de la tierra como parte de la resistencia histórica de los pueblos originarios y reiteró su consigna: “La Madre Tierra no se vende, se cuida y se defiende”.
