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Saúl Méndez
Colaborador
Una delegación de personas afectadas por el desfalco de 32 millones de dólares en la Asociación Cooperativa Santa Victoria (COSAVI de R.L.) se manifestó frente a las oficinas de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), dirigida por Evelyn Marisol Gracias, para exigir la creación de una mesa de diálogo para la devolución pronta y completa de sus ahorros.
A más de dos años de la intervención estatal a la cooperativa, que prometía una reintegración escalonada del dinero, los socios aseguran que no han recibido respuestas claras y temen que los fondos estén siendo utilizados para fines políticos.
Durante la protesta, los afectados acusaron a la titular de la SSF de mantener “secuestrada” la cooperativa de forma ilegal y abusiva. Señalaron que los recursos administrados por la institución pertenecen a los socios y cuestionaron que, tras dos años de intervención, no se haya resuelto el caso ni determinado responsabilidades definitivas.
La noche del 9 de mayo de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) informó en un comunicado de prensa que investigaba a 32 personas de COSAVI por supuesta defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, en un fraude que ronda los $35 millones.
Un representante de los afectados por COSAVI informó que aquel momento que: “sabemos que hay más de $189 millones en préstamos hacia diferentes personas y entidades, incluso de la misma alcaldía, sabemos que hay más de $21 millones (de préstamos) de las alcaldías de Nuevas Ideas”.
Juan José Ortiz, economista que acompaña la lucha de los afectados, denunció la falta de información y lo que considera desinterés estatal para solucionar la situación. “Dos años son más que suficientes para establecer qué pasó con nuestra cooperativa”, afirmó.
Ortiz sostuvo que la cooperativa debe ser devuelta a cooperativistas.
Ortiz explicó que, según estimaciones, COSAVI generaría entre cuatro y cinco millones de dólares mensuales. “Si en cuatro meses se acumulan 20 millones de dólares, ese monto podría permitir la devolución progresiva a cientos de socios”, detalló.
Añadió que, si se distribuyeran 20 millones entre quienes esperan reintegros de 75 mil o 100 mil dólares, más de un centenar de personas podrían recuperar sus ahorros.
Los manifestantes también cuestionaron a la superintendenta Evelyn Gracias, quien ha envitado pronunciarse sobre el caso desde que en noviembre se anunció el reintegro escalonado de fondos.
«¿Qué está haciendo señora Evelyn Gracias con 20 millones en cuatro meses? ¿Para qué está usando el dinero? ¿Será que lo están usando para financiar la campaña que ya se avecina?”, cuestionó Ortiz.
Algunos participantes expresaron su temor de que sus ahorros estén siendo destinados a campañas del partido Nuevas Ideas, como ocurrió en el pasado, ya que toda la información sobre el caso está bajo reserva durante 7 años.
Ortiz recordó que, tras el último anuncio oficial sobre el caso, responsabilizan a las instituciones involucradas por el fallecimiento de 11 personas afectadas que no lograron recuperar sus fondos.
También mencionó que, al sumar las víctimas del accidente aéreo dónde murió el exgerente de Cosavi, Manuel Coto, junto el al director de la PNC, Arriaza Chicas y otras 7 personas más, el caso alcanza 20 fallecidos.
Los afectados denunciaron que, pese a que el Gobierno continúa percibiendo ingresos mensuales de la cooperativa, no se han emitido nuevos informes. Tampoco se han acercado a los afectados para conocer los casos individualmente ni han sido recibido formalmente en la sede de la SSF, ubicada sobre la avenida Albert Einstein, en San Salvador.
Los manifestantes calificaron la intervención como “abusiva y arbitraria” y cuestionaron a la Fiscalía General de la República y a las instancias judiciales especializadas por la falta de resoluciones definitivas. “Es penoso que, después de dos años, no tengamos una respuesta clara”, expresaron.
