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Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
La activista de derechos humanos, Celia Medrano manifestó que El Salvador está reprobando esa materia ante la comunidad internacional, que ve con preocupación una regresión en este aspecto.
“Ya el sistema interamericano de derechos humanos, el sistema de Naciones Unidas, voces importantes como congresistas y senadores de los Estados Unidos están señalando reiteradamente que hay una regresión en respeto y garantía de derechos humanos”, dijo Medrano en entrevista con TVX.
Producto de esta regresión, agregó, la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachellet, ha advertido -sobre todo al Gobierno de El Salvador- que “está obligado a respetar la libertad de prensa, que está obligado a respetar a defensores de derechos humanos y ha advertido de los riesgos que implica no hacerlo”.
Y en el caso de la masacre de El Mozote, ocurrida en 1981, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha programado una audiencia para enero, para revisar si el Estado salvadoreño está cumpliendo con los elementos planteados en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo la activista.
El actual Gobierno ha sido cuestionado por obstaculizar el ingreso del juez que lleva el proceso de El Mozote a instalaciones militares donde inspeccionarían archivos militares.
El actual Gobierno ha sido cuestionado por obstaculizar el ingreso del juez que lleva el proceso de El Mozote a instalaciones de la Fuerza Armada donde inspeccionarían archivos militares sobre la operación de 1981 donde el batallón Atlacatl asesinó a más de mil campesinos.
La defensora de los derechos humanos también señaló que el uso de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada en la toma de la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero constituye una señal de uso político de esas entidades, que deberían ser garantía de la institucionalidad del país.
“Hay una instrumentalización de la Fuerza Armada y PNC, nuestra policía ya no es civil es militarizada, para coaccionar a opositores y críticos en función de objetivos políticos”, advirtió.
Medrano manifestó que la impunidad no es garantía para evadir la justicia a quienes atentan contra los derechos fundamentales de la población, y que hay varios ejemplos de ello.
