Acusan a custodios de Apanteos de violencia sexual a privadas de libertad

Las mujeres son revisadas desnudas por custodios hombres, cuando esa labor la debería realizar una mujer. Luego son llevadas a las celdas y en ese tránsito los custodios comienzan a perfilar las mujeres que les gustan.

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

Jayme Magaña y Otto Flores, abogados y defensores de derechos humanos de la iniciativa “Alas por la Libertad”, se presentaron ante el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, en Santa Ana, para ampliar el “Aviso” interpuesto el pasado 13 de mayo ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investiguen a custodios por violencia sexual en privadas de libertad.

El Aviso (información sobre la transgresión a un deber), presentado por los abogados de “Alas por la Libertad”, denuncian el supuesto cometimiento de agresión y violaciones sexuales en perjuicio de privadas de libertad en el Centro Penal de Apanteos, Santa Ana.

“Este día (ayer) vengo a ampliar el Aviso que interpuse el 13 de mayo respecto de las violaciones sexuales y abortos que se están cometiendo dentro de los centros penitenciarios de mujeres de este país”, manifestó Magaña.

“La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil me han llamado para que amplíe las declaraciones ya vertidas al respecto de una manera breve, ya que entregamos todo en el documento”, agregó el abogado.

Violencia contra las privadas de libertad

En cuanto a los testimonios de las violaciones de mujeres privadas de libertad, Magaña señaló que he tenido conocimiento por entrevistas a estas mujeres y por notas periodísticas. Así como, informes de organizaciones que han entrevistado a esta población que se encuentra recluida, cuyas coincidencias, señaló, indican un patrón de vejaciones por parte de los custodios.

“Las mujeres son revisadas desnudas por custodios hombres, cuando esa labor la debería realizar una mujer, luego son llevadas a las celdas, y en ese tránsito los custodios comienzan a perfilar las mujeres que les gustan”, manifestó.

“Luego, estas mujeres comienzan a recibir golpes y malos tratos físicos hasta caer desmayadas, que posteriormente son agredidas sexualmente. Y el resto de mujeres tienen prohibido ver, preguntar sobres estas acciones o hablar con las víctimas, de lo contrario son castigadas, quitándole a toda la celda la comida y recibiendo otro tipo de castigos físico y psicológicos”, explicó Magaña.

Asimismo, mencionó que este tipo de vejaciones implicó también que varias adultas mayores en los primeros meses del régimen de excepción fallecieron porque no contaron con atención médica necesaria por las enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes.

“Sobre la ampliación de mi Aviso, que piden los nombres de las entrevistadas que me solicitaron traer a la PNC, sólo puedo decir que en calidad de abogada y defensora de derechos humanos, no puedo dar el nombre de las víctimas que se ha superado su miedo y se han atrevido a contar sus historias”, recalcó.

“Ya que todas han manifestado que al salir del penal (los custodios), les han dicho que de ser contado lo que vivieron allá dentro, serán capturadas y saben lo que les toca. Esto es una constante y como podemos ver los informes de las organizaciones de derechos humanos que han investigado esta situación, tampoco han mostrado los nombres de las privadas de libertad, que han tenido el valor de dar sus declaraciones”, sostuvo Magaña.

Mujeres embarazadas y abortos espontáneos

Entre otras vejaciones, Jayme Magaña manifestó que los testimonios de las privadas de libertad que sin importar si están embarazadas o no, reciben golpes. Y que por esos golpes a las embarazadas quienes terminan con abortos provocados.

“Los testimonios coinciden en que al salir el feto, son tomados en una bolsa negra por los custodios y llevados a las fosas de los penales. Este testimonio es consistente porque son declaraciones de diferentes mujeres liberadas que estuvieron privadas de libertad en el transcurso de estos 3 años en los penales de Cárcel de Mujeres y Apanteos”, apuntó.

“Sobre los padres de los niños no dicen nada, ya que tienen la amenaza de ser capturadas, si hablan sobre ese o cualquier otro tema. Sólo saben que hacen pruebas de embarazo cada cierto tiempo. Y si dan positivo a las mujeres que tienen menos de 12 semanas les dan pastillas o inyecciones para abortar”, explicó Magaña.

Otras de las denuncias de las mujeres es que algunas internas que “no dicen nada hasta que el embarazo es visible son trasladadas al centro penal de Izalco”. Lo que consideró una violencia contra personas que están bajo la responsabilidad del Estado.

“Las mujeres en diversas investigaciones y entrevistas han dicho que tienen prohibido hablar con las personas de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos. Y si lo hacen son privadas de comida y otro tipo de cosas, pero no sólo a ella, sino a toda la celda castigan”, sostuvo.

“Las mujeres que abortan afirmaron que son atendidas hasta que se encuentran desmayadas dentro de las celdas y algunas las llevan al hospital, pero no regresan y las pocas que han regresado tienen prohibido hablar de lo sucedido, incluso, con otras privadas de libertad. En sus comidas, además, les ponen yodo y eso les inhibe su período menstrual y algunas ya liberadas, han tenido embarazos ciegos (mujeres no saben que están embarazadas)”, reafirmó Magaña.

Fiscalía y PNC deben investigar estos delitos

El abogado Otto Flores, por su parte, calificó de “delitos de Lesa Humanidad” lo que está ocurriendo en los centros penitenciarios con las mujeres detenidas en el marco del régimen de excepción que lleva vigente 3 años.

“Es necesario una investigación inmediata, porque ya estamos hablando de delitos de Lesa Humanidad, delitos en los cuales existe una política, ya sea, por parte de centros penales, por parte de los directivos de estos centro o mucho más arriba del Estado”, opinó.

“Entonces, se debe hacer una investigación como es debido, para que los dignos representantes y autoridades no se vean involucrados y sean juzgados por la Corte Penal Internacional. Es por esto, que es importante que la Fiscalía muestre con esta investigación que existe una verdadera autonomía para hacer estas investigaciones”, reafirmó Flores.

Posteriormente, a la reunión con autoridades de la PNC, Otto Flores, manifestó su satisfacción en el “primer acercamiento”, y esperan que esto tenga una resolución a favor de las privadas de libertad, en el marco del régimen de excepción.

“Esta reunión recién terminada nos ha mostrado que tanto la Policía Nacional Civil como la Fiscalía General de la República están en disposición de cumplir su mandato, esperamos que esta investigación siga adelante y obtengamos justicia para estas mujeres privadas de libertad”, puntualizó Flores.