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Mirna Jiménez
@DiarioColatino
La diputada del FMLN Nidia Díaz rechazó anoche que con los nombramientos de José Luis Merino y Sigfrido Reyes, como embajadores especiales para las inversiones, se esté generando impunidad y se esté mandando un mal mensaje a Estados Unidos sobre el combate a la corrupción y descartó que tanto esta situación como el respaldo de la administración del Presidente Salvador Sánchez Cerén a las autoridades de Venezuela, vayan a tener incidencia en la decisión que tome el gobierno estadounidense sobre el TPS.
“Creo que hasta este día, hasta esta hora, nadie ha llevado una acusación formal a la Fiscalía, ni ha llevado denuncias a Probidad que levante un proceso para quitarles el fuero”, afirmó en entrevista con canal 35, luego que el diputado de ARENA Jonny Brigth afirmara que congresistas estadounidenses cuestionaron la corrupción y la cercanía del FMLN con el gobierno venezolano.
El nuevo gobierno republicano encabezado por el millonario Donald Trump ha comenzado a implementar una serie de medidas anti inmigrantes que ya iniciaron con el recorte del TPS para los haitianos a quienes solo se les prorrogó por 6 meses más. Pese a que es una política general de EUA, sectores de derecha quieren atribuir al Gobierno del FMLN cualquier reducción de este programa que beneficia a unos 190,000 salvadoreños y que se vence en marzo de 2018.
“No es por una posición política, nosotros vemos que no es precisamente una política condicionada a El Salvador, sino que es una política para América Latina”, afirmó Díaz.
Díaz manifestó que, a pesar de los señalamientos que algunos sectores han emitido en contra de los dos dirigentes efemelenistas, ni Reyes ni Merino tienen procesos judiciales abiertos en los tribunales, por lo que los ataques no tienen ningún fundamento real. Tampoco esos nombramientos, hechos por el Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén, tienen como fin darles una cobertura de impunidad a ambos funcionarios, porque la Fiscalía General de la República puede solicitar sin ningún problema a la Asamblea Legislativa el retiro del fuero, tal como ya sucedió con otros funcionarios, afirmó.
“¿Cuál impunidad? aquí nadie es impune, si quiere el fiscal solicita a la Asamblea, se forma una comisión y se da todo un proceso de desafuero como se ha dado en otros casos, pero hasta hoy, el fiscal no ha pedido nada de eso”, insistió. Reyes figura como presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (PROESA) y Merino fue nombrado viceministro para las inversiones. La derecha ha tomado los nombramientos como una estrategia para blindar a los dirigentes y que no sean procesados por presuntos delitos. En el caso de Merino, dijo la diputada, las acusaciones provienen del senador republicano estadounidense de ascendencia cubana, Marco Rubio, quien acusa a Merino de tener nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de servirles para el lavado de dinero.
“Hay posiciones ideologizadas de congresistas y diputados, para eso cada uno tiene diversidad de partidos, pero no puede decirse que por una posición (señalamiento) de que se traficó con armas, ya es cierto”, afirmó.
La misma diputada Díaz asegura que fue víctima de acusaciones infundadas cuando compitió como candidata a la vicepresidencia por el FMLN junto con el excoordinador general del partido, Facundo Guardado, en las elecciones de 1999.
“Decía que yo estaba involucrada en tráfico de armas y no era cierto. Simplemente son posiciones ideologizadas que en momentos se expresan, pero lo fundamental es que a este día una acusación formal no se ha dado contra José Luis Merino ni contra Sigfrido Reyes”, recalcó la diputada.
Díaz añadió que los gobiernos de izquierda que administran el Estado desde 2009 no se han servido de prácticas oscuras en la administración de los recursos de la población como la denominada partida secreta, que fue un mecanismo para el manejo del dinero del presupuesto, creado por los gobiernos de ARENA.
“Desde que llegamos al Gobierno le quitaron la partida secreta al Presidente Mauricio Funes, fue el primer acto de la Sala de lo Constitucional, habiéndoselo pedido nosotros desde el año 1994 cuando llegamos por primera vez a la Asamblea”, afirmó.
También fue desde la primera gestión del FMLN que se creó una secretaría de transparencia y anticorrupción, además de aprobarse la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y el Instituto correspondiente. También se le devolvieron las facultades a la sección de Probidad para investigar a los funcionarios públicos.
Esa potestad le había sido arrebatada a Probidad durante el gobierno de Francisco Flores, luego que los banqueros mandaron una carta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazando la petición de entrega de récord bancarios de ex funcionarios areneros que había sido solicitada por dicha instancia.
