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Samuel Amaya
@Samuel Amaya98
“En El Salvador cada vez son más evidentes los abusos de autoridad”, sintetizó la abogada Ruth Eleonora López, sobre el caso de la menor abusada sexualmente por un sargento de la Fuerza Naval en Mizata, La Libertad; el soldado la habría amenazado con el régimen de excepción si no mantenía relaciones sexuales con él. Marvin Reyes, del MTP, también sostiene que el exceso de poder en los cuerpos de seguridad puede tener efectos como estos en la población.
El régimen es una medida estatal impuesta por el Gobierno donde se han violentado derechos humanos de población civil que nada tiene que ver con pandillas.
En los últimos días, se dio a conocer que un sargento, en complicidad con otros 5 soldados, violó a una menor de edad en el cantón Mizata, La Libertad. El hecho ha causado indignación en la opinión pública. Las autoridades ya presentaron a los sospechosos ante el Juzgado de Teotepeque. El hecho ocurrió el fin de semana y fue hasta este jueves que los presentaron. La jefa de Anticorrupción de Cristosal, Ruth Eleonora López, dijo a Diario Co Latino que el caso es una vulneración de derechos humanos y se lesiona la relación con la comunidad, ya que, en el territorio, la población tiene miedo de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil, “cuando estas son instituciones que deben estar para la protección de la ciudadanía y terminan siendo vulneradores al mismo nivel de las pandillas”.
A juicio de López, en el territorio y en las comunidades se le ha otorgado un poder fuera de ley a los cuerpos de seguridad “y esto debilita el estado de derecho y por supuesto, lleva a situaciones de arbitrariedad y violaciones de derechos humanos”.
A año y medio de régimen de excepción, se han capturado a más de 72 mil presuntos pandilleros, pero entre ellas miles de denuncias de capturas arbitrarias, además organizaciones sociales han documentado centenares de violaciones a DDHH por parte de los cuerpos de seguridad
Ruth Eleonora López sostuvo que “ese poder excesivo y abusivo va en detrimento de los derechos y de la seguridad misma de las poblaciones en las comunidades. No debemos olvidar que estos no son hechos aislados, hay un patrón que fue identificado por el informe de CRISTOSAL de cómo las mujeres son vulneradas por la Policía y la Fuerza Armada”. Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), sostuvo que, con el caso de la menor, denota “que se están cometiendo abusos por parte de algunos miembros de la Fuerza Armada qué están afectando a la población, se están violentando derechos de la ciudadanía cuando a ellos se les ha encomendado una misión de apoyar a la PNC en tareas de seguridad pública”.
Para Reyes, el problema que ven es que se les ha dado “demasiadas libertades y demasiado poder” y esto “genera descontrol, genera abusos”, ya que cuando el poder se concentra en un solo punto “tiende a corromper y a generarse este tipo de efectos”.
“Si no se le pone un alto, si no hay más supervisión, si no hay el involucramiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se van a continuar cometiendo estos abusos”, agregó Reyes.
