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Pedro cruz, abogado defensor de Sigfrido Reyes afirmó que han logrado justificar cada centavo invertido por Reyes en la compa de propiedades. Este lunes el abogado respondió a la demanda civil contra el expresidente del PROESA. Foto Diario Co Latino/@radioyskl

Abogado de Sigfrido Reyes presenta respuesta a demanda civil 

Alexander Pineda
@DiarioCoLatino

El apoderado legal del expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes, Pedro Cruz, presentó este lunes ante la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, la documentación en respuesta a la demanda civil en contra del exdiputado acusado de presunto enriquecimiento ilícito por unos $459,000. 

“A lo largo de estos meses hemos podido recopilar la información de cuentas bancarias, documentos, transacciones, operaciones pequeñas y grandes para desarmar de manera contundente y completa la demanda civil de la fiscalía”, aseguró el abogado.

Cruz indicó que son 15,000 páginas de documentos los que sustentan que Sigfrido Reyes no se enriqueció de forma ilícita, y la misma Asamblea Legislativa facultó la documentación en la que se avala la erogación de fondos en calidad de viáticos en favor de Reyes dentro del marco de la ley y con la autorización del pleno de la Junta Directiva del Congreso.

El jurista manifestó que la Fiscalía General de la República debería retirar la demanda o bien se expondría a un “ridículo” judicial, sobre la posibilidad de realizar una contra demanda, Cruz dijo que es algo que se valorará más adelante.

En cuanto al asilo político del exdiputado en México, su abogado explicó que parte de la documentación presentada ayer fue entregada al Estado mexicano, el cual la examinó y determinó que no había elementos a perseguir judicialmente para otorgarle el beneficio.

El 14 de febrero pasado la fiscalía presentó la acusación ante la Cámara Segunda de lo Civil por ocho supuestas irregularidades en el patrimonio de Reyes distribuidas en depósitos en bancos, compra de vehículos e inmuebles y la inversión en un proyecto residencial. Además, en este proceso, la fiscalía incluye un supuesto cobro en exceso de viáticos cuando fungió como presidente de la Asamblea Legislativa entre 2012 y 2015. En total, la fiscalía le acusa de beneficiarse presuntamente de forma irregular por un monto de $459,714.04.

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