Saúl Méndez
Colaborador
A 28 años del paso del huracán Mitch por Centroamérica, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) advirtió que el país continúa enfrentando deficiencias estructurales en materia de prevención y gestión integral de riesgos, pese a las numerosas emergencias que han evidenciado su vulnerabilidad ante fenómenos naturales.
La organización, integrada por organizaciones de la sociedad civil, recordó que el huracán Mitch, ocurrido entre octubre y noviembre de 1998, dejó una de las mayores tragedias de la región, con más de 11,000 personas fallecidas y 8,000 desaparecidas. En El Salvador, el fenómeno provocó 240 fallecimientos, 84,005 personas damnificadas, 10,372 viviendas afectadas y 326 centros educativos dañados o destruidos.
La zona oriental fue una de las más golpeadas, particularmente el departamento de San Miguel, donde se registraron 157 fallecimientos, 156 de ellos en el cantón Chilanguera. Asimismo, las pérdidas económicas se estimaron entre $388.1 y $398 millones, equivalentes al 6.4 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Las inundaciones y los deslizamientos también afectaron alrededor de 100,000 hectáreas de cultivos y pastizales, impactando principalmente a las familias campesinas y comunidades ubicadas en territorios como el Bajo Lempa y Jucuarán.
A raíz de esta emergencia y de los terremotos de 2001, surgieron procesos de organización comunitaria que posteriormente dieron origen, en 2002, a la MPGR, con el propósito de promover la prevención y la reducción de riesgos en los territorios.
Sin embargo, la organización señaló que, pese a las lecciones que dejaron estas tragedias, El Salvador no ha logrado transitar plenamente de un modelo de atención de emergencias hacia uno que priorice la prevención y evite la construcción de nuevas condiciones de vulnerabilidad.
La sucesión de desastres ocurridos durante las últimas décadas evidencia esta situación. Entre ellos destacan los terremotos y la sequía de 2001, la erupción del volcán Ilamatepec y el huracán Stan en 2005, la tormenta Ida en 2009, la tormenta Ágatha en 2010 y la depresión tropical 12-E en 2011, que afectó al 70 % del territorio nacional y generó pérdidas estimadas en $902 millones.
A estos eventos se suman las tormentas Amanda y Cristóbal y el deslave de Nejapa en 2020, la tormenta tropical Julia en 2022, que obligó a más de 2,125 familias a permanecer en albergues, y la tormenta Pilar en 2023.
La MPGR también advirtió sobre los efectos de las sequías y las lluvias concentradas asociadas al fenómeno de El Niño, que han agravado la inseguridad alimentaria. Según la organización, El Salvador ha figurado entre los 18 puntos críticos de hambre identificados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), con casi un millón de personas afectadas. Esta situación impacta de manera diferenciada a mujeres y niñas, sobre quienes recaen buena parte de las tareas de cuidado y provisión de agua y alimentos.
«Un pueblo que evita riesgos, previene muchos desastres», concluyó la organización.
Diario Co Latino 134 años comprometido con usted