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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Ante el retroceso del país en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, El Salvador dejó de ser miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), a la que pertenecía desde 2011. La organización está integrada por 76 países y 106 gobiernos locales, trabaja con miles de organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para construir gobiernos más abiertos, inclusivos y responsables.
En 2021, el Comité Directivo de OGP expresó su preocupación por el cierre del espacio cívico, el declive de las libertades civiles y la regresión democrática en El Salvador. El 24 de marzo de 2022 se declaró a El Salvador como país inactivo, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad durante tres años consecutivos, y otorgó un año de plazo para presentar un plan de acción cocreado con la sociedad civil.
La OGP promueve gobiernos al servicio de su ciudadanía sobre la base de la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación, pero el gobierno salvadoreño no mostró voluntad para superar las recomendaciones y, por tanto, fue expulsado de la Alianza.
Durante su permanencia en la OGP, El Salvador creó cinco planes de acción que posibilitaron el cumplimiento de compromisos importantes, además, había avanzado en crear una institucionalidad para empoderar y dar participación a la población en las decisiones gubernamentales, así como el desarrollo de mecanismos para exigir rendición de cuentas.
La expulsión de la OGP le quita al país la oportunidad de formar parte de una plataforma global con múltiples redes de aprendizaje y buenas prácticas, perdiendo una credencial internacional más; asimismo, confirma la falta de voluntad política, para adoptar principios de gobierno abierto y colocar a la población en el centro de la actividad gubernamental.
Según diferentes organizaciones de la sociedad, con la expulsión de El Salvador pierde el país y todos, por lo cual, la ciudadanía debe continuar demandando un gobierno abierto y participativo, que atienda las necesidades de la población de manera responsable y efectiva.
Mediante un comunicado las organizadoras expresaron la necesidad de permanecer vigilantes ante los desafíos actuales en materia de acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana, elementos fundamentales y necesarios para el desarrollo de la democracia y mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños.
