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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La comunidad Santa Marta -ADES, junto a representantes de organizaciones sociales, presentó un escrito ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en el que solicitan la intervención de esta en el caso de las capturas de miembros de la junta directiva de ADES y líderes comunitarios de Santa Marta, municipio de Victoria, Cabañas.
“A los detenidos se les acusa de los delitos de -asociación ilícita, privación de libertad y asesinato- en un supuesto hecho ocurrido en 1989, durante el conflicto armado”, señala la petición comunitaria.
“Sin embargo, en nuestra opinión, esta acción de la Fiscalía General de la República y del Sistema Judicial no tiene la intención de investigar y hacer justicia por un crimen de la guerra civil, sino afectar a una comunidad y a una organización que representa un obstáculo para las pretensiones de reactivar la minería metálica”, acota. En la madrugada del 11 de enero, un equipo combinado de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), irrumpió en la Comunidad Santa Marta y allanó los hogares de: Teodoro Antonio Pacheco (director ejecutivo) y Saúl Agustín Rivas Ortega (asesor legal) personal de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES).
Así como el allanamiento y captrua de los líderes comunitarios de Santa Marta: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas Laínez, que luego de la audiencia inicial el pasado 19 de enero, la jueza falló por una “detención provisional”, y la “reserva total” del proceso judicial a solicitud de la Fiscalía General de la República.
La asociación considera que la administración del presidente Nayib Bukele se encuentra enfocada en “reabrir proyectos mineros”.
Existe una legislación que prohíbe toda minería metálica en territorio nacional, un logro de comunidades emblemáticas como Santa Marta -ADES, que culminó con el voto unánime de la Asamblea Legislativa que en marzo de 2017, decretó la prohibición de la minería metálica por su inviabilidad con el medio ambiente.
“En mayo de 2021 El Salvador se incorporó al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible; y en octubre del mismo año se aprobó una nueva Ley de Creación de la Dirección General de Energía Hidrocaruburos y Minas. Para el Presupuesto de 2023 se incorporó una partida de 4.5 millones de dólares para revisar y actualizar la Ley de Prohibición de Minería Metálica”, advirtieron como motivo del encarcelamiento de los defensores ambientalistas.
Por estos hechos, la comunidad Santa Marta y ADES, y el movimiento social nacional e internacional consideran que solo se trata de una “farsa judicial” , en donde la Fiscalía General de la República y el sistema judicial violenta los derechos de los detenidos y sus familiares.
Alfredo Leiva, integrante de la comunidad Santa Marta, afirmó, al salir de la reunión con los procuradores adjuntos de Derechos Civiles, Carlos Enrique Rodríguez, y la procuradora adjunta de Derechos de Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana Silvia María Campos, que había una disposición de la PDDH a dar continuidad al caso de los defensores ambientalista.
“Nos hemos presentado esta mañana ante la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) para actualizarles del caso Santa Marta ADES, y expusimos el caso y la connotación que el caso tiene en el país. Y también pedimos que se verifique el estado en que se encuentran los compañeros tanto de salud y condiciones físicas”, afirmó.
“Hemos recibido de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos una buena energía -de parte de ellos-, tanto de colaborar y comprometiéndose a verificar el estado de los compañeros y verificar también que se respete el debido proceso (judicial)”, reafirmó Leiva.
Denis Muñoz, abogado de la defensa de los ambientalistas, reiteró que por el momento sus defendidos continúan en “detención provisional”, como fue dictaminado por el Juzgado de Paz de Victoria (Cabañas) y se encuentran esperando que pase al Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, para efecto de solicitar la Audiencia de Revisión de Medidas.
“Les puedo decir que hemos tenido un buen recibimiento de la PDDH en esta oportunidad que estamos exigiendo el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas en este caso particular“, afirmó.
“Sobre todo, que se respete el debido proceso a favor de ellos y que por supuesto, considerando el hecho que son personas vulnerables, ya sea por el tema de su avanzada edad y salud, así como en el lugar en que se encuentran, entonces, que se les de protección en materia de derechos humanos “, expresó Muñoz.
Asimismo, comentó, que han pedido a los funcionarios de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) el seguimiento al proceso penal que se les ha presentado en contra de ellos. Y aclaró, que no han presentado una apelación al dictamen de la jueza de Paz de Victoria, porque ni siquiera he recibido la resolución de parte del juzgado.
“Habrá que pensar si es pertinente o necesario presentar esa apelación (dictamen de jueza) pero por estrategia, esperamos mejor explorar la medida de revisión de medidas sustitutivas a la detención provisional en el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque”, argumentó.
Al cuestionamiento, de qué esperan de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, Muñoz calificó de “positiva” la reunión con los procuradores adjuntos de Derechos Civiles y Seguridad Ciudadana, al considerar que hubo un “interés” por verificar la situación de las personas detenidas.
“Sin duda, quisiéramos un pronunciamiento público directo para que -se sientan observadas- las instituciones garantes no solo de los derechos humanos, sino también de los derechos fundamentales de las personas detenidas. Ellos actualmente se encuentran en el Centro Judicial de Soyapango, en calidad, como dice el mismo Juzgado de Paz de Victoria de depósito, mientras establece a qué lugar serán enviados”, manifestó. “Las familias no han podido contactarlos y eso es parte de las vulneraciones que se pueden advertir.
