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Redacción Nacionales
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Wilfredo Alfaro, apoderado de la Cooperativa Escuintla de R.L., junto a siete miembros del consejo de administración de dicha cooperativa, fue capturado el pasado miércoles en horas de la madrugada, por el supuesto delito de limitación ilegal a la libertad de circulación, como consecuencia que en diciembre de 2021 exigieron al Ingenio “El Ángel” la restitución de las tierras.
La familia y abogados defensores de Wilfredo Alfaro exigieron un cese a la instrumentalización de las instituciones estatales, que perseguir injustificadamente a quienes solamente velan por la exigencia de sus derechos, y a quien con su profesionalismo y altos valores morales ha entregado buena parte de su vida en busca de la justicia, para estas personas víctimas de intereses económicos.
En 2013, a través de un proceso ejecutivo judicial en venta pública, se subastó la adjudicación de 916 manzanas de terreno propiedad de la cooperativa Escuintla de R.L. a favor de sociedades dedicadas a la explotación de caña de azúcar vinculadas al Ingenio “El Ángel”, como consecuencia de tres supuestos préstamos que fueron firmados en 2010 por el presidente de la Cooperativa, José María Roque.
Roque firmó a favor de las sociedades LAS CANAS I, II y III, todas S.A. DE C.V., por un monto de $5.3 millones, pese a no contar con la autorización de la asamblea general ordinaria de la cooperativa. El dinero nunca llegó a la cooperativa, ya que los préstamos fueron simulados por Roque a favor de las empresas, con la finalidad de beneficiarlas en la apropiación ilegítima de las tierras.
Casi de inmediato, el Ingenio “El Ángel” y sus empresas vinculadas a las sociedades LAS CANAS I, II y III se apropiaron de otras mil cien manzanas de terreno, propiedad de la cooperativa, por medio de ventas de porciones de terreno que fueron segregadas a través de un proceso administrativo ante el CNR.
Desde 2013 los afectados han interpuesto denuncias en diferentes instancias. Afinales de 2021 los miembros del consejo de administración de la cooperativa, ante la falta de respuestas a las acciones judiciales, hacen valer sus derechos constitucionales de libre asociación y expresión, por medio de una manifestación pacífica en defensa de sus tierras.
En esa ocasión, las empresas azucareras arremetieron contra los cooperativistas llevando agentes de la UMO, quienes les arrojaron gas lacrimógeno, pese a que las acciones de los manifestantes no eran violentas y se encontraban dentro del marco de la ley, razón por la que llamaron a su apoderado, Wilfredo Alfaro, con el objetivo de velar por la integridad humana de estos.
En ese momento, la PDDH emitió resoluciones e informes, los cuales detallaron que dichas acciones fueron sin violencia, e incluso existe evidencia que los motoristas de las rastras cañeras no fueron privados de libertad, como falsamente se está haciendo ver por la FGR.
