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Laura Nieto, Paula Martínez y Ana María Menjívar, integrantes de la Mesa Mujeres, Suelo y Tierra (MMST), exigen al gobierno el cese de capturas y persecución contra mujeres lideresas que defienden derechos en sus territorios. Foto: DiarioCoLatino/ Gloria Orellana.

Mujeres lideresas criminalizadas por sus luchas sociales: MMST

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“No existe un Estado de Derecho en este país actualmente, porque el fin de un verdadero Estado de Derecho es dar protección a la ciudadanía y no estamos siendo protegidos, al contrario hemos perdido esas garantías constitucionales”, dijo Laura Nieto, integrante de la Mesa Mujeres, Suelo y Tierra (MMST).

En el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, este colectivo de organizaciones se pronunció públicamente para denunciar que en los últimos tres años y medio de gestión de la administración del presidente Nayib Bukele, la garantía de los derechos humanos ha retrocedido y especial para las mujeres salvadoreñas.

Nieto señaló que como una colectiva de mujeres y liderazgos territoriales, exigen al gobierno el “respeto a nuestros derechos”, así como, también demandan la no criminalización o persecución de las mujeres que se encuentran ejerciendo su labor de defensoras de derechos en los territorios.

“Estamos viendo mujeres que son madres, hijas, esposas que están siendo víctimas por parte de las autoridades, cuando se supone que constitucionalmente -estos- deben estar resguardando y protegiendo nuestros derechos”, afirmó.

“Lo que pedimos es justamente lo que compete al Estado, y es garantizar seguridad como personas sujetas de derechos que somos y principalmente como mujeres -obligatorio de todo Estado- , es el garantizar y proteger los derechos humanos de su ciudadanía dentro de sus territorios”, acotó Nieto.

Sobre el Estado de Excepción que cumplió su octavo mes de vigencia, Nieto reiteró que no “están en contra que se persiga y condene a las personas agresoras de la población”, pero no podían callar frente a las vulneraciones a los derechos de la ciudadanía y específicamente en contra de la violencia contra las mujeres.

El departamento de Usulután tiene el “índice más alto de mujeres detenidas”, y de las cuales no tienen justificación aparente. Las mujrtrd fueron detenidas por supuestas “vinculaciones terroristas”, siendo inocentes, dijo Nieto, por lo que consideró es un abuso de autoridad.

Así, en nombre de la Mesa Mujeres, Suelo y Tierra (MMST) pidió el respeto a un “debido proceso” garantizando el derecho a la “presunción de inocencia” dentro del Régimen de Excepción. Y cuestionó la aplicación de justicia por parte de las autoridades judiciales y fiscales en torno a los agresores de las mujeres que fueron víctimas de feminicidios, frente a las capturas arbitrarias y vejaciones dentro de los centros de detención.

Nieto citó el caso de Fernanda Nájera, que es el “modelo” en la retardación de justicia para las mujeres, y que las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia extrema y la actuación del sistema judicial es tibio y débil para investigar, capturar y sancionar a los agresores.

Hace siete días atrás, el Juzgado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer de Santa Ana instaló la “vista pública” en contra de dos personas que han sido acusadas de encubrir el feminicidio de Fernanda Nájera.

Entre los responsables está como tercer imputado Michael Alejandro Castillo Murga, compañero sentimental de la víctima quien se encuentra prófugo y vive en los Estados Unidos. Fernanda perdió la vida el 1 de febrero de 2019, y sus restos fueron encontrados en el kilómetro 99 de la carretera que conduce al municipio de Ataco. Han pasado tres años sin una resolución contra los implicados. Lo que consideró Nieto, hay un doble rasero para aplicar justicia.

“Este es un claro ejemplo de que el gobierno salvadoreño, se niega a condenar al agresor. Y, entonces, porqué a nosotras sí, se nos persigue porque estamos en contra del régimen o protestamos contra la represión”, cuestionó.

“Las capturas de mujeres defensoras o jóvenes inocentes en los territorios cometieron un único delito y es ser mujeres pobres que viven en zonas vulnerables que asedian estos grupos”, agregó.

“Ellas son mujeres luchadoras que trabajaban y salían a vender a las calles para obtener el sustento no solo de ellas, sino de su núcleo familiar. Y sabemos también por denuncias de mujeres jóvenes que han sido violadas estando bajo detención”, sostuvo Nieto.

Mientras, Paula Martínez, reiteró la “tragedia” que sufren familiares de las personas que han sido capturadas arbitrariamente por policías o soldados, señalando que las mayoría de estas son mujeres que buscan a sus hijos, padres, esposos o compañero de vida, sin obtener información fidedigna de parte de las autoridades de centros penales.

“A las mujeres les toca conseguir los documentos probatorios de inocencia de sus familiares, rebuscarse con el dinero para comprar paquetes que luego tendrán que entregar en los centros penales. Y soportar la tortura psicológica de no saber el estado físico de sus familiares dentro de las cárceles y, también, deben atender a los familiares enfermos que están en el hogar”, explicó Martínez.

La Mesa Mujeres, Suelo y Tierra (MMST) exigió al Estado salvadoreño, poner fin al “Estado de Excepción” y liberar a las mujeres detenidas injustamente, así como indemnizarlas por los daños materiales y psicológicos que sufrieron, que le causó dicho régimen.

“Exigimos políticas de inclusión, seguridad social y económica que garanticen una vida digna y libre de violencia para las mujeres. Reactivar los programas y proyectos sociales que permita la erradicación de la violencia contra las mujeres”, señaló Martínez.

“Demandamos un alto al acoso y criminalización de las organizaciones sociales y de mujeres por defender sus derechos y derechos colectivos. Así como la aprobación de la propuesta de Ley para el Acceso y Títulos de Propiedad de Inmuebles para Mujeres”, puntualizó.

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