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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
“Le hacemos el llamado a la clase trabajadora a conmemorar este 1º de mayo la gesta heroica de los mártires de Chicago, que con su vida ofrendada hoy tenemos derechos a ocho horas laborales, un salario mínimo y prestaciones; además, recordar a hombres y mujeres que en el transcurso de la historia han batallado por los derechos de los trabajadores”, expresó Miguel Alexander Escobar, secretario general de la Federación Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS) y parte de la Coordinadora Intergremial Rafael Aguiñada Carranza (CIRAC).
Escobar indicó que la clase trabajadora y la gran mayoría del pueblo salvadoreño, está siendo golpeado por el elevado costo de la vida, ocasionado por diferentes factores, así como los despidos arbitrarios de trabajadores en las instituciones públicas, especialmente en las alcaldías debido a la modificación de 262 municipalidades que pasará a 44.
“Estamos convocando a nuestros 23 sindicatos, compañeros del campo, la Mesa Productiva Alimentaria, jóvenes, mujeres sector de veteranos de guerra que tiene su propia organización, a participar en la marcha del primero de mayo de manera pacífica, exigiendo y demandando lo que por derecho nos pertenece”, sostuvo.
Otra de las denuncias es el despido de muchos trabajadores administrativos en el área de agricultura y ganadería, donde con la fusión del ENA y el CENTA habrá más despidos. En el CENTA hay trabajadores que fueron cesados, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de todo el país.
Escobar denunció el desmontaje de las instituciones públicas, en especial aquellas relacionadas con la producción agropecuaria, ya que le han asignado a la empresa Smart de origen mexicano la concesión de las 200 manzanas de terreno del CENTA para experimentos y transferir tecnología.
Según Escobar, con esto se estaría perdiendo la soberanía alimentaria porque hasta donde han explicado los trabajadores del MAG, el gobierno le apostará a la producción de semillas transgénicas.
El dirigente sindical agregó que otras de las exigencias para este 1º de mayo es transparentar y conocer cuánto dinero se les ha quitado a las pensiones, porque las AFP no son la caja chica del gobierno y Bukele, sino el ahorro de los trabajadores, sin embargo, la crisis financiera por la que atraviesa el gobierno es palpable en las diferentes instituciones.
“El gobierno no tiene para programas sociales, están haciendo parches de un lado para otro, ya se sabe que el gobierno está utilizando el fondo de las pensiones tapar los huecos que tiene por el despilfarro de dinero; exigimos que no toque el dinero de los trabajadores”, externó el secretario general de la FUSS.
A la vez, Escobar reiteró que el sindicalismo es amenazado por el Régimen de Excepción. Actualmente hay dos detenidos quienes pertenecen a las organizaciones de la CIRAC, que pese a tener la carta de libertad siguen detenidos. Las familias fueron amenazas que de no votar por el actual gobierno su pariente seguiría en prisión.
Escobar consideró que en el país no hay Estado de derecho el cual defienda a la clase trabajadora, el Ministerio de Trabajo es servil al gobierno, la Procuraduría para la Defensa de los Derecho Humanos (PDDH) alineada al gobierno, se ha presentado demandas de acoso a mujeres y la respuesta de la institución, es que se declaran incompetentes para ver esos casos de violación al derecho.
“En el país hemos llegado a vivir en una dictadura y por las características donde al Estado lo están reduciendo a la mínima expresión, es una dictadura de corte neoliberal no como la que habíamos visto anteriormente de corte militar”, diferenció.
Entre tanto, Adán Rosales Saldaña, coordinador de la Mesa Productiva Alimentaria, también parte de la CIRAC, dijo que la principal demanda sigue siendo la exigencia de una vida digna para todos los trabajadores rurales, por lo cual es necesario trabajo e ingreso justos, sin embargo, el campesinado jamás ha tenido ganancias cuando cultiva cereales. En otros países la producción agrícola está subsidiada, pero en 200 años a los gobiernos salvadoreños jamás se le ocurrió hacer algo por este sector.
“Una petición es afianzar la tierra para el campesino, necesitamos promover esa parte de la Reforma Agraria que quedó cortada, comenzar a aplicar lo de 245 hectáreas de terreno para los terratenientes y el resto para los productores agrícolas”, enfatizó.
Dentro de las demandas de la CIRAC está el aumento al salario mínimo que actualmente es de $365, ya que los precios de los productos son como en un país de primer mundo, pero no son accesible para la clase trabajadora. El aumento propuesto es con respecto al último estudio del Banco Central de Reserva (BCR), que debe ser de $700.
Otra de las propuestas es respetar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde pedía que las mujeres trabajadoras del hogar tuvieran prestaciones como seguro, AFP y salario mínimo, muchas de ellas son violentadas, algunas les permiten salir 12 horas cada mes o 22 días ganando $150 al mes.
