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Gloria Orellana
@DiarioCoLatino
El rostro de Armando Stanley Cabrera está plasmado en afiches que han sido colocados en varios postes que rodean las principales calles de la colonia Escalón, es una medida de sus familiares ante la ausencia de respuestas de las autoridades. Su hijo ha desaparecido en circunstancias inciertas que solo ha generado incertidumbre.
Desaparecido a principios de octubre, Armando Stanley estaba a punto de graduarse de la Universidad Francisco Gavidia, fue visto por última vez, según testimonio de su novia, “abordando un taxi en las cercanías de la Plaza Mundo, en Soyapango”. Eran las 9 de la noche, el joven vive en el municipio de Guazapa, tiene 29 años, trabaja en un Call Center.
A este caso se suman las de miles de jóvenes que se reportan a diario, sin que haya aún una respuesta concreta de la Policía Nacional Civil (PNC). Ante esta situación, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), lanzó su proyecto desde el cual buscarán contribuir al acceso a la justicia y fortalecer la débil institucionalidad que prevalece en el país.
Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de FESPAD, señaló que con el proyecto “Sociedad Civil Promoviendo el Acceso a la Justicia y la Seguridad Humana en El Salvador” busca las garantías en el cumplimiento de los derechos humanos en el país, que es afectado por la violencia en sus distantes expresiones. “Tenemos una investigación que nos dio cifras entre los años 2014 al 2019, de alrededor de 22 mil denuncias de desaparición. Y tratando de puntualizar en la actual gestión gubernamental ( 2019 a 2020), hemos logrado, después de un cruce de información de la Fiscalía y Policía Nacional Civil, nos dio el resultado de 1, 637 casos de personas no encontradas luego de su desaparición”, agregó Carrillo.
“Para ponerlo en perspectiva de cómo atienden los casos de desaparición, al cerrar el año 2020, tenemos que el 41% de estos casos estaban activos, pero, que hacen las autoridades, publicitan que han encontrado a alguien; pero el 31% de los casos de mujeres quedó activo y son cifras preocupantes, porque una persona puede ser y es ya alarmante”, argumentó Carrillo.
Con el proyecto pretenden no solo acompañar a los familiares de las víctimas, sino también realizar aportes sobre metodologías de investigación para dar con el paradero de los desaparecidos y de abordajes integrales a este fenómeno que golpea a la población, sin una respuesta concreta del Estado salvadoreño.
“Es una iniciativa que hemos tomado y vamos a elaborar una acción de monitoreo para ir solucionando esta problemática, eso significa que habrá un informe donde eventualmente se refleje de los datos que logremos recuperar , pero, también los obstáculos que se tengan en el acceso a la información”, explicó Carrillo.
“Esperamos impulsar acciones de procuración participativa en el marco del litigio estratégico que implica acciones de incidencia; acciones de comunicación y jurídicas, para ir abriendo espacios que tienen relación con este tema con representación de los familiares de las víctimas de desaparición en El Salvador”, agregó Carrillo.
Asimismo, abordarán medidas para generar mecanismos de rendición de cuentas del trabajo y monitoreo, desde la ciudadanía, ante la ausencia de una respuesta adecuada e información confiable de las autoridades involucradas en la investigación y sanción de estos hechos de violencia. El proyecto también aplica al desempeño del funcionariato de instituciones públicas como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Fiscalía General de la República (FGR), Policía Nacional Civil (PNC), el Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que ante la poca transparencia en la elección de estos cargos se realizará una fiscalización de los perfiles y sus acciones como administradores de justicia y la garantía del respeto a los derechos humanos de la población salvadoreña.
“El caso que se mencionó de Chalchuapa, la respuesta que dio el Estado ha sido opaca y este caso puso en la palestra pública esta problemática y un llamado de atención importante, pero no de parte de las autoridades. Esto se lo debemos al valor de una mujer salvadoreña quien alertó a la PNC, al Ministerio de justicia, pero lamentablemente lo pagó con su vida”, recordó Carrillo.
“Entonces, queremos, junto a los familiares, poner en la agenda de las instituciones esta problemática, pero no solo para ubicarlas, sino para dar respuestas atendiendo otras circunstancias que se relacionan con la desaparición de las personas”, indicó Carrillo.
Poniendo en perspectiva diversas problemáticas como si la persona desaparecida es alguien que estaba pagando la vivienda familiar porque esto crearía otro problema que sería el económico y aun no hay instituciones que den una respuesta a este tipo de escenarios. También, mencionó la salud mental de la niñez y adolescentes que se verían afectados emocionalmente ante la pérdida de sus familiares, que, afirmó son impactos no contemplados desde el Estado salvadoreño.
“Tendremos un eje de litigio estratégico que tendrá tres componentes: la judicialización, que tiene que ver con instancias nacionales e internacionales, como sucedió con el tema del desplazamiento interno que el gobierno anterior no quiso reconocer. Ahora son las desapariciones de personas y se niegan a reconocerlo, pero ha sido a través de la presentación de varias demandas de amparo ante la Sala de lo Constitucional, que hemos obtenido el reconocimiento del Estado en el reconocimiento de este flagelo y por supuesto, por medio de la Asamblea Legislativa, atender este problema”, aseveró Carrillo.
