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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La representación de la Fiscalía General de la República (FGR) pidió al Juzgado Especializado de Sentencia “C” penas entre los cinco y los treinta años de cárcel para 52 presuntos miembros y colaboradores de la MS-13 en el denominado Caso Operación Libertad.
Los imputados son acusados por los delitos de organizaciones terroristas, tráfico ilícito de drogas, homicidio agravado, tráfico ilícito de armas de fuego, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de extorsión agravada, entre otros.
Esta semana en el desarrollo de esta vista pública, de acuerdo al testimonio de un investigador de la Policía Nacional Civil, trascendió que la MS-13 buscó apoyo en instituciones diplomáticas y religiosas para pactar una nueva “tregua”.
La fiscal del caso dijo ayer que la FGR “no pudo establecer” en la investigación si las reuniones a las que hizo referencia el investigador policial se realizaron y quiénes participaron en ellas. “Esa circunstancia no pudo ser corroborada”, aclaró la fiscal en torno a la supuesta reunión en una sede de ARENA.
Este martes, un investigador policial testificó que la MS-13 supuestamente se reuniría con Paolo Lüers, una representante de la Embajada de Alemania, miembros del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) y un movimiento del partido político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Además, sostuvo que al menos una de tres reuniones, se habría realizado en una sede del partido tricolor en Ilopango.
“Según las escuchas (telefónicas), lo que trataban era de acuerparse por las instituciones para las peticiones que ellos tenían, lo que querían y así se acreditó en las manifestaciones de sus compañeras de vida, era flexibilizar las medidas impuestas en los centros penales”, dijo la fiscal, quien añadió que la investigación se desarrolló desde finales del año 2016, es decir, después de que el gobierno implementara las medidas extraordinarias en el sistema carcelario.
En este caso está siendo procesado Ricardo de Jesús M., exagente de la PNC quien presuntamente colaboró con la estructura a cambio de un pago, tras haber sido destituido de la corporación policial, habría continuado recibiendo pagos de parte de la pandilla para seguir colaborando con esta.
La defensa de algunos imputados argumentó que las acusaciones en contra de sus defendidos carecían de elementos probatorios periféricos, y que la FGR pretende que los audios recabados en la investigación producto de intervenciones en las telecomunicaciones actúen como prueba única.
