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Redacción Nacionales
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Al menos 43 congresistas demócratas de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para exigir explicaciones de la participación del Gobierno de EUA en el envío de 252 venezolanos al CECOT.
Es de recordar que entre marzo y abril de este año, la administración de Donald Trump envió a más de 200 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en San Vicente, El Salvador; fueron deportados de Estados Unidos y acusados de pertenecer a la banda criminal venezolana, Tren del Aragua.
La carta enviada por los congresistas se basa en el informe publicado por Human Rights Watch y Cristosal denominado “You Have Arrived in Hell” o “llegaron al infierno”. Este documento revela tratos crueles, torturas y abusos sistemáticos cometidos por custodios contra los venezolanos detenidos durante su estancia en el CECOT.
Los funcionarios señalan que la administración de Trump, incumplió el principio de no devolución y financió con $4.7 millones los costos relacionados con la detención en el CECOT. Señalan que estos hechos son “una mancha en la conciencia moral” de su país; por lo que, piden respuestas antes del 10 de diciembre de este año, sobre los aparentes términos del acuerdo entre EUA y El Salvador.
Los congresistas piden explicaciones del origen y supervisión de los fondos y las evaluaciones realizadas por Estados Unidos sobre las condiciones de detención.
Los venezolanos permanecieron cuatro meses en el CECOT; HWR y Cristosal entrevistaron a 40 de esos 252 venezolanos que estuvieron en custodia en El Salvador y corroboraron los testimonios con 150 fuentes que tenían conocimiento de su paso por el penal.
El documento evidencia un patrón de torturas como golpizas diarias por infracciones leves, privación de alimentos, falta de acceso a higiene y salud y violencia sexual.
La preocupación de estos congresistas surgen en medio de advertencias planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante las denuncias de organizaciones salvadoreñas sobre retrocesos en materia de derechos humanos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas durante el régimen de excepción.
En octubre pasado, la Fundación Cristosal denunció ante la CIDH los casos de personas deportados desde EUA al CECOT sin información pública sobre si situación legal, entre estas, solicitantes de asilo cuya deportación podría violar estándares internacionales.
Los legisladores demócratas pidieron que las conclusiones del informe de las organizaciones sean incorporadas al Informe de Derechos Humanos 2026 del Departamento de Estado. Instaron a que Estados Unidos como país, “nunca vuelva a ser cómplice de abusos tan horrendos”.
