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Redacción Nacionales
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Más de 20 organizaciones condenaron el operativo de la Policía Nacional Civil (PNC) en la Comunidad San Francisco Angulo en Tecoluca, para escoltar el ingreso de maquinaria pesada para el relleno sanitario.
Es de recordar que la tarde del 16 de febrero, la PNC entró a la comunidad con aproximadamente 100 elementos policiales, lo que que generó un clima de tensión, intimidación y temor en la comunidad que viene oponiéndose al ingreso de la maquinaria de forma pacífica desde diciembre del año pasado.
Las organizaciones recordaron que en 2018 las comunidades afectadas se organizaron y lograron impedir que el relleno fuera construido, ya que desde entonces, la Asociación de Municipios Los Nonualcos ha pretendido construir el relleno sanitario en la comunidad.
En ese momento, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió medidas cautelares debido a los riesgos ambientales y a la salud que implicaba la instalación del relleno sanitario para más de 400 familias de la zona; así como por el hecho de que el sitio donde se pretende instalar el proyecto es reconocido por tener restos de víctimas de masacres perpetradas por el ejército durante el conflicto armado, lo que conlleva también a una vulneración de la memoria histórica y el derecho a la verdad de las víctimas y sus familias.
Ante las nuevas amenazas a la comunidad San Francisco Angulo, “reconocemos la valentía y el compromiso con la que sus habitantes se han organizado para denunciar ante instancias gubernamentales y ante el mundo, su rechazo contundente a este proyecto”, dijeron las 25 organizaciones firmantes.
De hecho, la comunidad mantuvo vigilia permanente para proteger el futuro de su comunidad y de cuatro comunidades aledañas que serán impactadas por el relleno sanitario. El caso ha estado en el espectro público desde noviembre del año pasado, lo más reciente fue el operativo de la PNC para garantizar el ingreso de la maquinaria.
“Compartimos la indignación de la comunidad al ver el despliegue de casi 100 agentes del Estado, así como su preocupación debido a los antecedentes de arrestos en otras comunidades en las que ha incursionado la policía, vulnerando los derechos de sus habitantes, incluyendo personas de la tercera edad e infancias”, dijeron las organizaciones.
De hecho, la comunidad ha recibido amenazas de posibles detenciones contra líderes por oponerse al relleno sanitario. La comunidad, acompañada de organizaciones sociales, presentó a la Fiscalía General de la República una denuncia por posibles actos arbitrarios por parte de la PNC el día 16 de febrero.
Las organizaciones firmantes acompañan la denuncia de la comunidad sobre el hecho de que agentes del Estado priorizan el avance de la obra para defender intereses de entidades privadas por encima de los derechos ambientales, a la salud, ya la vida, los cuales están bajo amenaza con la construcción del relleno sanitario.
A la vez, las organizaciones denunciaron que mientras el Gobierno de Nayib Bukele promueve su modelo de seguridad ante el mundo, el régimen de excepción “se utiliza para intimidar y violentar” los derechos de las comunidades más vulnerables como se presenció en San Francisco Angulo.
Es en ese sentido, las organizaciones expresaron su solidaridad con las familias de San Francisco Angulo y reafirmaron que la defensa del territorio, del agua y de la vida “es un derecho legítimo”.
Exhortaron a las autoridades a garantizar el respeto a los derechos humanos de la comunidad de San Francisco Angulo, así como a las autoridades competentes a revisar de manera integral la viabilidad y el apego a la normativa ambiental del proyecto, tal como lo ha solicitado la comunidad, y a abstenerse de realizar avances que puedan generar daños irreversibles al medio ambiente y a la vida misma de los habitantes.
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